Chile, ¿Quieres al amigo cuando es forastero?
En medio de la crisis humanitaria europea , la imágenes de miles de personas migrantes y refugiadas y las vidas perdidas que nos han impactado en los últimos días, nuevamente ha surgido la discusión sobre la política migratoria chilena, que dicho sea de paso , está regulada por un marco normativo compuesto por instrumentos legales y /o decretos centrados principalmente en filosofías restrictivas apelando a la seguridad interna y al cierre de fronteras para evitar la entrada de elementos "peligrosos" o terroristas propiamente tal.
Pese a todo, se estima por fuentes oficiales del Estado de Chile, que el 2,5 % de la población de nuestro país es migrante y que por cada extranjero en Chile, existen dos chilenos acogidos en el exterior, tasa baja ante la de otros países.
Desde 2013 se han propuesto reformas al Congreso para lograr una legislación adecuada y procedimientos administrativos que vayan más allá de los legítimos esfuerzos de los gobiernos de turno por proteger a los migrantes y sus familias, sin embargo esta decisión implica aspectos mucho más amplios que una ley. Es tiempo de pensar y elaborar una estrategia con verdadero enfoque de derechos y que resguarde la justicia social para todas las personas que vivimos en Chile, independiente de la procedencia. Lo anterior significa una convivencia social armónica entre los seres humanos lejos de racismos, prejuicios, mitos y discriminaciones.
No puede ser que con la experiencia de tantos compatriotas acogidos en el extranjero, no seamos capaces de devolver la mano y por el contrario, cada vez que nos enfrentamos a éste tema sacamos cuentas de la conveniencia o utilidad de quienes podrían acceder al derecho de vivir acá. Eso es reducir la mirada a una concepción utilitarista de la persona. Pedimos un cambio de mirada para entender la migración no como problema social, invasión, amenaza a la identidad nacional o fenómeno inmanejable con consecuencias negativas para ámbitos como el empleo, por ejemplo.
Es necesario visualizar el aporte que personas migrantes han realizado desde hace cientos de años en este país, con un promedio de escolaridad superior al interno, a la realización de distintos oficios, a la diversidad cultural y el aprendizaje de valorar lo que compartimos histórica, social y culturalmente.
El camino correcto es ofrecer a la población migrante una nueva legislación donde se establezcan los mismos derechos, deberes y oportunidades que a los chilenos a través de políticas públicas con estándares internacionales en materia de derechos humanos, normativas integrales, estrategias intersectoriales y efectivas, tomando en cuenta el origen y características culturales de las personas que promuevan la inclusión como imperativo ético. Un Estado que regule, fiscalice y sancione prácticas discriminatorias y de explotación y genere condiciones necesarias para la integración. Como sociedad civil, el mandato es simple: acoger con dignidad y respeto al legítimo otro en las distintas dimensiones de la vida del ser humano, contribuyendo a un Chile más diverso e inclusivo, tal como lo soñamos.