El seremi de gobierno, Enrique Inostroza, está preocupado.
Faltan pocos días para que se cumplan cuatro meses desde que Michelle Bachelet puso fecha límite para la publicación de las declaraciones de patrimonio e intereses de autoridades locales, además de algunos funcionarios públicos. Para este proceso la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) generó un sitio web, pero aún no cuenta con todos los documentos.
Se trató de un instructivo presidencial, parte de la agenda de probidad de Michelle Bachelet, que obligaba a ciertos funcionarios públicos a ingresar antes del 30 de abril estos datos en la página creada para ello, los que luego estarían disponibles en la misma plataforma para el acceso libre a cualquier ciudadano.
No obstante, sólo los datos de la Presidenta, ministros y subsecretarios están publicados (dpi.minsegpres.gob.cl).
"Para nosotros también fue una sorpresa. Nosotros cumplimos íntegramente con la actualización de la declaración de patrimonio e intereses en virtud del mandato legal del instructivo presidencial", dijo el seremi de gobierno, Enrique Inostroza, durante la tarde de ayer.
En una declaración oficial enviada luego, agregó que "en la Región del Biobío hemos cumplido a cabalidad con la actualización de nuestra declaración de intereses y patrimonio dentro del plazo establecido en el instructivo presidencial, donde más de 151 funcionarios del Gobierno Regional del Biobío han cumplido con su obligación".
El proceso hoy, manifestó el seremi, no está en manos de la Región. Rodrigo Mora, presidente de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia de la Segpres, es el encargado de la tarea, pero hasta ahora no hay información nueva. De hecho, el propio Inostroza comentó que no tiene mayores datos que los entregados por Mora en junio pasado, cuando aclaró que los datos estaban siendo revisados para publicarse de manera correcta.
SIN NUEVOS ANTECEDENTES
Fue el 16 de junio cuando Mora, en una publicación de Diario El Sur, manifestó que los datos estaban siendo depurados respecto de información de corte personal que pudieran contener.
"Estamos esperando el pronunciamiento del Consejo Nacional de la Transparencia para liberarlos y no afectar los derechos a la privacidad de las personas en materia de datos personales. Muchos profesores de derecho informático y constitucional nos han informado los problemas que pudiera haber al hacer liberaciones masivas de datos personales a la web", dijo en aquella ocasión.
Esta misma información es la que, a dos meses de entregada, sigue en manos del gobierno. Tampoco cuentan con fechas tentativas para la actualización final.
"Nosotros entendemos que es un proceso que tiene que hacer la Segpres. Así nos explicó Rodrigo Mora y lo pregunté cuando vino hace unas semanas a la zona para la implementación de la tercera etapa de la ley del lobby. Le señalé que la preocupación de la Región era que lo antes posible pudiera estar disponible para cualquier ciudadano la declaración de patrimonio e intereses de acuerdo a las disposiciones que la Segpres pudiera tomar. Él dijo que estaban trabajando en eso, lo mismo que había señalado en el mes de junio", relató Inostroza.
"La situación respecto a la publicación de estas declaraciones dice relación con los procedimientos que cada uno de los ministerios, particularmente la Secretaría General de la Presidencia, debe llevar a cabo a través de sus ministros de fe, para poder realizar la validación de nuestras declaraciones y con ello, posteriormente ser alojado en el sitio web del respectivo servicio público", agregó la autoridad local.
AGENDA DE PROBIDAD
El instructivo presidencial es parte de las medidas administrativas de la agenda de probidad de Michelle Bachelet.
Se suman 15 iniciativas legales, seis de las cuales adquirieron prioridad el pasado 12 de agosto, luego de encuentros entre el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, y los parlamentarios. Aquí se incluyen proyectos como la autonomía constitucional del Servicio Electoral y el que busca el cese de cargos de elección popular en caso de no cumplimiento de las normas de probidad y transparencia en el control y límite del gasto electoral.
Así, se espera que antes del 11 de marzo los proyectos estén listos para iniciar el proceso electoral municipal. Esto, porque en esa fecha deben concretarse las inscripciones de candidatos a las elecciones primarias.