Hace dos meses falleció una de las integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la Región. Era la madre de Rachel Venegas, desaparecida en septiembre de 1976 y militante del MIR, cuyos restos fueron encontrados en 2008 y que, a diferencia de otros casos que reúne la entidad, había logrado judicialmente llegar a certezas y entregar respuestas de su destino a quienes por tanto tiempo la buscaron.
Era una más de las personas que desde hace más de 40 años mantienen la búsqueda permanente de información respecto de sus seres queridos, desaparecidos durante los años posteriores a 1973 y que hoy forman parte de la lista oficial de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos de nuestro país.
La coordinadora regional de la agrupación, Elizabeth Velásquez, dice que ésta es una situación que se está repitiendo al interior de la organización, donde madres y hermanas envejecen, enfrentan enfermedades y fallecen, algunas sin lograr ningún tipo de información. Sin embargo, reflexiona que la muerte del general (r) Manuel Contreras, ex jefe de la Dina, agudiza este proceso, porque también son muchos los militares involucrados en crímenes de la dictadura que también están envejeciendo y muriendo, llevándose de esta forma toda la información sobre las víctimas.
Elizabeth sufrió la pérdida de sus dos hermanos mayores, Héctor Ernaldo y Héctor Heraldo Velásquez, asesinado a manos de militares en Villarrica y el otro, fallecido en el marco de la operación Cóndor, por orden directa del fallecido Contreras.
Por eso siente que, de alguna forma, la muerte de Contreras la afecta de modo personal, porque pese a que mantienen una permanente preocupación por el avance de las causas judiciales a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, "es un proceso larguísimo, es como siempre estar ahí, siempre estamos con una información, pero después pasa un tiempo y sabemos otra. Entonces ha sido dedicar la vida entera sólo a esto, a la búsqueda".
-Lento, como siempre. Hay avances, pero nunca como nosotros quisiéramos, hay muchas trabas. Aunque nosotros les exijamos compromisos a los parlamentarios o a la misma Presidenta, todos se excusan en que ellos no pueden involucrarse en las decisiones que toman los jueces.
-Creemos que las condenas son muy bajas en comparación con los delitos. No se puede considerar que sólo porque tienen más edad, están seniles o con problemas de salud se les perdone lo que han hecho. No deberían tener el grado si están procesados, siguen con su misma vida, pero las Fuerzas Armadas deberían degradarlos al momento en que se procesan.
-Desde la Presidenta para abajo. El año pasado, en julio, le enviamos una carta, donde la pedimos una serie de cosas, por ejemplo que se designen magistrados con dedicación exclusiva para estas causas o se quiten los grados cuando son procesados.
-Sinceramente, no hemos tenido respuesta. Cuando vino a ver el estadio Ester Roa le entregamos una carta a la Presidenta, en forma personal, pero no hemos tenido ninguna respuesta. Entonces tendremos que esperar un año más o vamos a retomar estas acciones, ir a la Intendencia, ir a la gobernación, que son las autoridades más directas, porque hay tareas pendientes.
-Creo que es un tema que nosotros nunca dejamos, pero también está el cansancio de años. La Agrupación está envejeciendo, hace dos meses se murió la mamá de Rachel Venegas, que la habíamos encontrado hace unos años, y hay madres que están con mala salud. Se nos está yendo la vida en buscar la verdad y es una mochila pesada, porque hay gente que debe creer que estamos un poco locas, que se pregunta cuándo vamos a parar, pero nadie se pone realmente en nuestro lugar.
UN GESTO
La muerte de Contreras sorprendió a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ad portas de una reunión que se estaba planificando para los primeros días de septiembre. Ahí se definirán acciones precisas, sobre todo considerando esta nuevo escenario.
-Con impotencia, por el hecho de que se llevó a la tumba el secreto de cientos de causas, se llevó cientos de verdades. El fue el responsable directo de la operación Cóndor, por lo tanto es el autor directo de la desaparición de mi hermano, me afecta en lo personal.
-Ese gesto depende sólo de los autores de estos crímenes, si ellos no son capaces de hablar, ya no sabemos qué más podemos hacer nosotros. Esto es lo que nos interesa, es la lucha que hemos dado toda la vida por conocer la verdad y conocer sus destinos. Por eso, el único gesto que podemos esperar es que digan lo que saben, que ese pacto de silencio lo rompan. Necesitamos saber dónde se los llevaron, dónde los enterraron, porque esos hechos son crímenes. Hay toda una parte de la historia, de la historia más negra, que se está yendo a la tumba con quienes están falleciendo.
-Creo que es porque se traspasó este tema de una generación a otra, es casi como un lavado de cerebro. En el caso de uno de mis hermanos, el que contó todo fue un civil, en cambio, el militar que le disparó a mi hermano murió diciendo que era inocente, pese a que se acreditó todo lo sucedido. Hasta hubo testimonios de su familia. Mientras no asuman lo que hicieron nos mantienen de manos atadas.
-Siempre hemos esperado que las autoridades militares liberen de ese secreto a los ex uniformados.
-No, nunca. Sería falso, porque a quienes participaron y no asumen su responsabilidad no les creería lo que me están diciendo, y no me refiero a las nuevas generaciones, me refiero a los que estuvieron involucrados. Para mí quienes estuvieron involucrados no son valientes soldados, porque se escondieron detrás de un uniforme, detrás de un arma, entonces de valentía no tienen nada.