Ley Súper 8 y el desafío de mejorar el acceso a la alimentación saludable
En junio del próximo año comienza a operar la llamada Ley Súper 8, que es como se conoce la Ley de Etiquetado de Alimentos. La iniciativa, que alertará a los consumidores de componentes poco saludables en los alimentos que consumen, es un gran avance en el sentido de resguardar a la población chilena de la mala alimentación, sin embargo aún queda camino por recorrer en materia de la educación sobre estos temas con énfasis en la población adulta, ya que son ellos los que tienen la decisión de compra, como también en mejorar el acceso a la alimentación saludable, en especial si se trata de los trabajadores.
Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, un 30% de la fuerza de trabajo no almuerza regularmente, un 39% no recibe ningún tipo de beneficio de alimentación de su empleador y un 22% no tiene un lugar para comer. Este hecho se refleja en que los trabajadores optan por seleccionar alimentos de consumo rápido, sin conocer las características nutricionales y como eso impacta en su salud, por tanto es una problemática distinta, que como país tenemos la misión de resolver.
Desde una mirada más amplia, son millones los chilenos que están trabajando a media máquina, afectando a la productividad del país. El estudio de "Impacto Macroeconómico del Aumento del Gasto en Alimentación Óptima" de la Universidad Alberto Hurtado, reveló que si se optimiza la alimentación sólo en un 1%, equivalente a 20 calorías (bajo el concepto de alimentación saludable), el Producto Interno Bruto (PIB) subiría 0,3% en cinco años. En otras palabras, no sólo el trabajador se beneficia bajando su gasto en salud, sino también las empresas y el país completo.
Estos indicadores debieran ser el impulso que se requiere para se tomen medidas que reviertan la situación actual y mejoren el acceso a alimentación saludable de los trabajadores. En esta tarea, las empresas cumplen un rol fundamental, ya que de este tipo de estudios, se desprende la importancia de establecer claramente que los montos destinados a la alimentación de acuerdo a la ley, deben ser utilizados en alimentación propiamente tal; ese debiera ser el próximo paso de las políticas públicas en torno a la alimentación en Chile.