"En el caso del ministro Insunza, sospecho que también hay actos ilegales"
La Comisión de Ética y Transparencia del Senado entró de lleno la semana pasada a la discusión sobre probidad.
Después de la Comisión Engel, del trabajo del Ministerio Público, de la agenda de probidad de La Moneda y de iniciativas de parlamentarios, este grupo -que componen, entre otros, el senador Alejandro Guillier- "invitó" a algunos de sus pares involucrados en casos de alta connotación pública sobre financiamiento de campañas a informar y entregar su opinión respecto de esas indagaciones.
La idea, según el parlamentario por Antofagasta, podría parecer "tibia", pero asegura que nunca se dimensionó algo como lo que golpea al mundo político. Aún con pocas facultades, Guillier apunta a que -a futuro- la comisión eleve su estándar punitivo, y cree que los escándalos del mundo político pueden derivar en el fortalecimiento institucional. "Creo que va a valer la pena", afirma respecto de la forma en que el poder está enfrentando la crisis actual.
-Hay que tener presente que el reglamento de la Comisión de Ética del Senado nunca se concibió para hacerse cargo de un problema de la magnitud de lo que estamos viendo. Más que nada dirimía comportamientos o la convivencia de los miembros del Senado, cosas que parecían comprometer la dignidad del cargo. Pero, lo que estamos viendo es algo que no habíamos previsto. Por eso es que lo que hace la comisión aparece muy tibio. Las muy escasas facultades que tiene la comisión tienen que ver con reproches éticos privados o públicos, que pueden ser por escrito u orales.
-Sí, y empezamos a conversar sobre la necesidad de hacer una reestructuración más profunda de estas comisiones, para poder intervenir con mayor eficacia cuando hay casos de tanta connotación pública. También tenemos que tomar en cuenta que esta es una comisión ética, que no se puede pronunciar por temas legales o de delitos. Eso le corresponde a la justicia. Lo más valioso es que tomamos la decisión de hacer seguimiento a cuatro casos, pero lo más probable es que aumenten. El reproche ético para una figura pública es tanto o más grave que la pena que puedan emitir los tribunales. No hay que olvidar que los tribunales, en muchos casos, es muy probable que tengan penas más bien simbólicas".
-Vamos a apegarnos a lo que nos dice el reglamento, no podemos ir más lejos. Los afectados están incómodos por el hecho de que sus propios pares estén analizando sus actuaciones. Actuamos rápido y fijamos un plazo de tres semanas para que entreguen un informe. Lo analizaremos y ellos irán seguramente a hacer una exposición oral para aclarar puntos que no estén claros. Habrá que tomar algunas decisiones respecto de la naturaleza del informe, porque querrán saber si será público o privado respecto de las cosas que digan. Por la gravedad de los casos, el procedimiento debería ser público. Como parte del trabajo, a mi juicio, deberíamos hacer un informe con recomendaciones para fortalecer el trabajo de la comisión.
-Todos los casos están siendo seguidos, y en la medida que van apareciendo antecedentes vamos priorizando el análisis y tomando medidas un poco más invasivas. No podemos cruzarnos con la justicia, pero tampoco podemos aparecer aminorando responsabilidades, así que estamos obligados a un ritmo cauteloso.
-Por supuesto. Porque se ha producido una distorsión que es antigua en los procesos judiciales, que son las filtraciones. El debido proceso pasa porque no se filtre la información, porque en el proceso la persona termina siendo declarada inocente. Y eso ha ocurrido, por ejemplo, en el caso Tombolini. Hay casos de un nivel de injusticia atroz. Una Comisión de Ética debe ser singularmente cuidadosa en esos aspectos y garantizar una investigación dentro de las facultades limitadas, de forma objetiva y rigurosa. El estándar que buscamos va más allá del derecho, porque la persona eventualmente puede ser declarada inocente, pero en lo ético puede haber cometido faltas.
-Parece que soy de los pocos chilenos que ve esto con optimismo. Lo veo como una ciudadanía sana que eleva sus estándares de exigencia y de poder escandalizarse frente a hechos ilegales, como el financiamiento irregular de campañas políticas o faltas a la ética. Lo que está pasando es que las instituciones, aún anacrónicas, son capaces de funcionar. Y eso es muy positivo y en otros países no pasa. A medida que la información salga, más profundas van a ser las reformas que vamos a poder introducir. Es lamentablemente el beneficio del largo plazo contra incomodidades en el corto plazo, pero creo que va a valer la pena, pues tendremos instituciones más sólidas y ejercicios del poder más fiscalizados. La mayor virtud de un Estado es la solidez de sus instituciones y de su sistema político. Creo que eso saldrá fortalecido, pero debe avanzar la justicia y hay que evitar los conflictos de liderazgo en la propia justicia, de los que hemos visto algo. Podemos enfrentarnos a un escenario que después se desinfle, con mucha investigación y presión ante los medios pero con penas simbólicas. Y la opinión pública puede sentirse traicionada".
-"Hay dos problemas. Uno es ético. No puedes habilitarte para ejercer el cargo cuando tienes intereses. Eso debemos aclararlo más en orden a que la declaración de intereses y de patrimonio debe dar lugar a la inhabilitación del parlamentario en determinadas actuaciones, pero como obligación. Hay parlamentarios que lo han hecho. El otro es que los parlamentarios deberían ser de dedicación exclusiva. No sólo inhabilitarse en casos determinados, sino que cada uno debiera dedicarse exclusivamente a eso. Quizás dedicarse sólo a la docencia. En el caso del ministro Insunza, sospecho que también hay actos ilegales a raíz del artículo 58 de la Constitución, que habla de esto en casos en que un parlamentario haga negocios con empresas públicas, semipúblicas o con las que el Estado tenga contratos. También prohibe ser parte de sociedades que hagan negocios con esas partes. Además del reproche ético hay que revisar lo que dice la ley, porque eso está incluso en rango constitucional.
ofensiva política
-Lo primero que tenemos que hacer es un acto de humildad y reconocer las propias faltas, porque estamos entrando en el juego de decir que todos lo hacen o intentar empatar. Hubiera sido más sano de un comienzo que los partidos hubiesen sincerado su situación, colaborado eficazmente con la justicia y asumido responsabilidades políticas de inhabilitaciones y pasos al costado sin intentar sacar ventajas o mitigar sus propias responsabilidades, porque no todos lo hacen.
-La mayoría está tranquila, aunque he visto gente inquieta en el Congreso, pero apuesto a que la mayor parte del mundo político está sano. Pero es demasiado el espacio de gente que está en situación compleja. Harían mejor si reconocieran su responsabilidad sin intentar sacar ventaja o pretender una suerte de impunidad. En eso particularmente la UDI ha sido poco prudente, porque aparece como el partido más involucrado y debiera llevar el liderazgo del mea culpa y de un sincero arrepentimiento. Si hubieran mantenido desde un comienzo esa línea tendrían una mejor postura de la que están hoy. Dicho eso, en el caso de Codelco sí se ven irregularidades que hay que investigar y asumir responsabilidades.
-La única relación que tengo en la campaña es la que está establecida en la cuenta del Servicio Electoral. El control estaba antes de que llegaran los recursos. Para ser sincero, no tuve tiempo ni curiosidad de investigar quién puso plata. Pero de los senadores estoy dentro de los que menos recibieron. De esas empresas, sospecho que ninguna aparece entre las que están involucradas. No sé si a futuro alguna pudiera aparecer, pero quiero aclarar que las donaciones fueron hechas de manera voluntaria por decisión de las empresas en el marco de la ley. Y yo gasté y rendí cuenta en el marco de la ley.