Ex subsecretario de Pesca defiende la Ley y espera que terminen controversias
La pesca, junto con la actividad forestal, es uno de los sectores económicos- productivos más relevantes de la Región del Biobío y del país. Sin embargo, el marco legal que la rige, que ordenó y modernizó al sector, está siendo amenazado por una minoría que busca su derogación generando incertidumbre para la mayoría de los trabajadores artesanales e industriales, según lo han hecho ver sus dirigentes.
Para muchos existe la convicción que tras este interés por deslegitimar la ley de pesca de unos pocos, está la intención de reinstalar la discusión sobre la licitación internacional de las pesquerías chilenas.
Uno de los protagonistas principales en la construcción de este marco legal, fue el ex subsecretario de Pesca, Pablo Galilea Carrillo, quien por primera vez se refiere al cómo se desarrolló ese proceso y los cuestionamientos de los que hoy está siendo objeto.
Lo primero es distinguir y separar. Uno son los problemas conocidos en relación al financiamiento de la política que necesariamente deben ser investigados por el ministerio público. Lo segundo, es la calidad de la ley que tuvo como objetivo principal garantizar la recuperación y sustentabilidad de las pesquerías y que contó con el apoyo del mundo científico, de las principales organizaciones ambientalistas como Greenpeace, Oceana y WWF, un histórico acuerdo entre pescadores artesanales, trabajadores de plantas pesqueras, tripulantes de la industria y los propietarios de las mismas, además de una amplia, mayoritaria y transversal aprobación, tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado. También hubo una importante y amplia participación de todos los actores en las distintas macrozonas pesqueras del país que firmaron el acuerdo de nuevo fraccionamiento que mejoró sustancialmente en favor de los artesanales donde se logró un traspaso de renta de más de US$30 millones al año y quedando con una participación de un 55% del total de desembarques pesqueros del país. Por todo lo anterior pretender deslegitimar la actual ley de pesca es y sería un grave error.
Como lo señalé, retrocederíamos y se generaría inestabilidad e incertidumbre en una importante actividad económica del país. Ya sabemos la situación que vivimos, donde la principal tarea del nuevo Ministro de Hacienda es recuperar el crecimiento. Las múltiples reformas que se han impulsado han generado incertidumbre en la economía que ya se comienzan a sentir. Como país no podemos permitirnos seguir generando inestabilidad.
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Fui parlamentario durante tres periodos y no conozco una ley que haya tenido tanta participación como la actual ley de pesca. Recorrimos innumerables veces el país, conversamos con los pescadores de cada región, se construyó un acuerdo con los industriales y sus trabajadores sobre la base de mucho diálogo. Además contribuyeron de manera importante las visiones de ONG¨s, del mundo científico, de todos los ex subsecretarios de pesca, académicos, institutos y fundaciones ligados a partidos políticos. Se recopilaron las experiencias de los principales países pesqueros. En resumen fue un gran trabajo, donde se escuchó a todo los actores y no se hizo a espaldas de nadie.
Son muchos, pero los más trascendentes son las nuevas definiciones para medir y evaluar la disponibilidad de recursos pesqueros, incorporando estándares internacionales, como el Rendimiento Máximo Sostenible, primordial para establecer la cantidad máxima de captura de un determinado recurso y no afectar su disponibilidad en el mediano y largo plazo. Se impusieron las recomendaciones y criterios científicos por sobre las consideraciones políticas y comerciales para establecer cuotas de capturas y vedas, entre otras. Y, al contrario de lo que señalan los detractores, el nuevo marco legal promueve mayores grados de competencia en el sector industrial, a través de la incorporación de las licitaciones y de la flexibilización de la venta y traspaso de las licencias de operación, que ahora duran 20 años, cuando previo a las modificaciones eran indefinidas. Estas podrán ser renovadas o caducadas dependiendo del comportamiento de los titulares respecto a materias ambientales, laborales y pesqueras. Y, respecto a la pesca artesanal, también se logró establecer la exclusividad de la primera milla marítima para los operadores artesanales más pequeños, que dicho sea de paso, representan el 90% de la flota artesanal. Además, de establecer la obligatoriedad del seguro de vida, y la regulación del contrato a la parte, demandas muy anheladas por ellos.
A pesar de que se entregan más recursos y atribuciones a Sernapesca, es necesario un mayor control para combatir la pesca ilegal y en ese aspecto tal vez se requieran algunas modificaciones.
Esas materias están establecidas en la ley y se deben fiscalizar con el máximo de rigurosidad
El problema se presenta con la disminución de las cuotas que fijaron los comités científicos y que son absolutamente necesarias para la recuperación de las pesquerías colapsadas y sobreexplotadas. El mayor fraccionamiento que obtuvieron los artesanales no lo han sentido como beneficio porque las cuotas han sido menores, sin embargo, en el mediano y largo plazo los beneficios se van a notar.
A mi parecer lo que hay detrás de esto son interés económicos, de empresas como Lota Protein que no se conforman con lo que en democracia definió el Congreso Nacional, e intereses políticos basados en inconducentes consignas demagógicas.
En la otra vereda, los trabajadores de la industria pesquera hacen una férrea defensa de la actual Ley de Pesca. Hugo Roa, presidente del Sindicato de Tripulantes de Naves Industriales y Consejero nacional de Pesca, que se creó en 1967, que ha funcionado sin interrupciones desde entonces y que hoy agrupa a unos 1.100 tripulantes de naves industriales. Junto a él, Eric Riffo, quien preside el sindicato de Motoristas, agrupación tan antigua como la anterior, con unos 620 socios, el 100% sindicalizados. Ambos participan en organizaciones nacionales e internacionales de pesca, en representación de nuestro país.
Roa explica que los trabajadores de la industria, los embarcados y de planta apoyan las últimas leyes, "porque nos interesa tener un marco regulatorio para poder proyectarnos en el tiempo, si bien las leyes son posibles de revisar y así lo entendió la Presidenta Bachelet al enviar esta ley a la FAO para analizar los temas técnicos, lo que nos parece correcto".
"A lo que sí nos oponemos es a esta campaña de los mismos de ayer, que están en contra de esta ley con el argumento de que es mala, pero todavía no sabemos por qué es mala, en consecuencia que la propia FAO que ya emitió su opinión preliminar respecto de que la ley chilena es un referente a nivel mundial y no se explica porque ha generado tanta controversia".
Destacó que hay aspectos técnicos que sí deben revisarse porque no están bien implementados, como la fiscalización en el control de la pesca ilegal, por ejemplo. "Puede que tengamos una muy buena ley pero si no tenemos una adecuada fiscalización esto no va a funcionar. Otro problema es la investigación insuficiente. En Chile hay buenos científicos e investigadores, pero la autoridad no entrega los recursos para hacer esa investigación. La mayoría de nosotros llevamos 30 años trabajando y estamos preocupados de tener la mejor fotografía del sector y en estos dos aspectos estamos al debe".
Consultados sobre la real participación de los trabajadores en la discusión de la ley, Eric Riffo recuerda que la Comisión de Pesca, como nunca lo había hecho, sesionó en regiones desde Arica a Punta Arenas para recoger el máximo de opiniones de los actores pesqueros, inclusive los pueblos originarios aún no estando ratificado el Convenio 169, "por lo tanto, decir que no hubo participación es desconocer completamente el tremendo trabajo que hicieron muchos parlamentarios y autoridades. En las democracias se pueden ganar unos puntos y otros se pueden perder, son las reglas del juego, aquí nadie ganó todo lo que quería pero tampoco nadie perdió todo. Aquí el gran ganador fue el recurso pesquero, el sector fortalecido porque tiene una legislación que parte de la base de la sustentabilidad y conservación de los recursos, porque sin peces en el mar no hay ninguna ley de pesca que se soporte", sostiene.
Sobre cuáles son las mayores dificultades que tienen sus colegas trabajadores del sector pesqueros artesanal, los dirigentes coinciden en que éstos no difieren de los que tiene un grupo grande de trabajadores en Chile, que no cuentan con previsión ni con un sistema de salud y tienen una relación contractual muy precaria con sus respectivos empleadores, los armadores pesqueros.
Lo malo, detalla Eric Riffo, es que se ha tratado erróneamente de solucionar estos problemas sociales con más cuotas de pesca o con bonos.
La responsabilidad
del estado
Al respecto, Hugo Roa agrega que es el Estado el que tiene la gran responsabilidad de exigir el cumplimiento de las normas laborales a los armadores. Dice que si hoy se trapasaran todos los recursos al sector artesanal, la situación se agravaría más porque aumentaría el interés en ingresar ilegalmente presionando sobre los recursos. "Este problema no se soluciona con más pescado sino ordenando al sector artesanal que está sobredimensionado para los recursos disponibles".
En los 90 había unas 150 naves de la industria. La región llegó a tener 24 empresas pesqueras que tenían cuotas chicas, muchas se ellas vendieron y otras se fusionaron debido a la escasez gradual de los recursos. Hoy de esas 150 hay 42 y de esas sólo operan unas 28, una contracción de la industria que no tuvo ningún efecto en favor de los recursos porque la presión que ejercía la industria sobre los recursos ahora la ocupa el sector artesanal a pesar de que los registros al año 90 estaban cerrados.
"Llegaron muchos inversionistas al sector artesanal a comprar permisos de pesca lo que está hoy jugando en contra del propio sector", afirma Riffo .
Roa comparte y añade que hubo mucho engaño a los pequeños pescadores artesanales para que vendieran esos permisos, por lo tanto esa explosión fue porque no hubo control por parte de la autoridad.
El silencio de las
autoridades
En relación a la creación de la "Alianza Regional Contra la Ley Longueira" liderada por el senador Navarro, ambos dirigentes coinciden en que es muy preocupante el que la autoridad política de esta región así como el resto de los parlamentarios "a los que elegimos y a quienes les pagamos el sueldo no hayan dicho una palabra sobre este problema y no tengan opinión en este negocio".
"Cómo es posible que personas como Navarro que se supone tiene un entendimiento y como autoridad debe velar por el bien común, fomente odiosidades.
Roa acusa que aquí muchos parlamentarios de la zona no se pronuncien respecto a esto sobre todo respecto de los dichos del senador Navarro. El habla de que siempre estuvo en contra, pero no dice nada porqué están en contra, aquellos que apoyaron y los que no apoyaron también deberían tener opinión.
Roa dijo que "si por algún motivo la autoridad se allana a rediscutir la ley, nosotros que decimos la verdad, vamos defender con los últimos recursos que nos están quedando, la posibilidad de poder aquí terminar nuestros años que nos quedan como trabajadores, porque es lo único que tenemos. Tenemos contratos colectivos, trabajo estable y decente y eso lo vamos a defender con la fuerza de la razón y no con slogan de que esto renta más o menos. Aquí lo único que tenemos es nuestro trabajo y lo vamos a defender a como dé lugar y contra quien sea, porque aquí no puede ser que parlamentarios elegidos y pagados por todos los chilenos estén promoviendo relicitar las pesquerías precarizando aún más al sector laboral.