Uno de cada tres imputados logra una salida alternativa
Entregando cifras del total de personas atendidas en los 12 años que lleva implementada la reforma procesal penal en la Región -15 años a nivel nacional-, el defensor regional, Osvaldo Pizarro, entregó la cuenta pública 2014 de la Defensoría Penal Pública del Biobío.
Desde la implementación de la reforma en la Región, la entidad que proporciona defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta, ha atendido a más de 312 mil personas. Sólo este año la cifra superó las 34 mil atenciones.
Uno de los puntos que destacó Pizarro es que "el 96% de las personas defendidas desde el inicio de la Reforma en 2003, tienen su causa terminada a diciembre de 2014".
En esta línea, el defensor regional sostuvo que el rol de la institución se puede cuantificar en su labor en tribunales, dando cuenta que del total de causas ingresadas el año pasado, más de 24 mil finalizaron durante ese mismo periodo. Éstas en promedio tuvieron una vigencia de 65 días.
Asimismo, Pizarro expuso que el hecho de que el 35,6% de las personas imputadas por algún delito el año pasado haya obtenido una salida alternativa, da cuenta y ayuda a entender la mala percepción que tiene la comunidad del sistema de justicia en general. "La gran virtud del sistema penal vigente es la de permitir a las personas que se le imputa un simple delito o falta y cumplan ciertas condiciones objetivas, puedan acceder a estas salidas alternativas. De modo que sólo los delitos más 'graves' lleguen a juicio oral o a un procedimiento abreviado", planteó.
CONFLICTO INDIGENA
Un punto relevante en la cuenta pública fue la situación que se vive en la Provincia de Arauco, y tangencialmente en la zona de Alto Biobío.
Aunque no se pronunció sobre el origen, desarrollo y posibles soluciones del denominado conflicto, ya que el rol de la Defensoría es técnica y no política, Pizarro sí sostuvo que "no podemos pasar por alto la forma en que el sistema de persecución penal actúa: ya sea con procedimientos policiales que parecen excesivos o con la utilización de herramientas jurídicas como la de los testigos secretos o con reserva de identidad, que atentan contra el derecho a defensa y al debido proceso; como también los fundamentos de algunos fallos judiciales, que hemos advertido pueden llegar a tener costos para el Estado en la esfera de la Justicia Interamericana al utilizar estereotipos que resultan improcedentes".
Durante 2014 los defensores públicos atendieron a 807 personas de origen mapuche que fueron imputadas de algún delito. De ellas, en 57 esta labor la efectuó la facilitadora intercultural.
Cabe recordar que son diversas las situaciones conflictivas que en los últimos años han estado ocurriendo en la Provincia de Arauco, principalmente en las comunas de Cañete y Tirúa.
AUTONOMÍA
INSTITUCIONAL
Para el defensor regional, la Reforma Procesal Penal fue una de las políticas públicas más ambiciosas del Estado durante la década pasada, ya que significó un desafío a todo nivel (legal, jurídico, presupuestario). No obstante, Pizarro sostuvo que a 15 años de ésta, "el país está preparado y demanda el perfeccionamiento y modernización del sistema procesal penal".
Agregó que dentro de los desafíos de segunda generación, se debe contar con una defensa pública situada al mismo nivel de autonomía que el Ministerio Público. "Ya no hablamos de cobertura, sino de fortalecimiento de nuestras instituciones. Es necesario que podamos decirle a quien atendemos que somos autónomos de todo otro poder y no tener que explicar constantemente que tenemos autonomía funcional, asegurando que pueden confiar en nosotros y que garantizamos una defensa de calidad".