Los consejeros regionales del país están en ascuas. Están a la espera de la pronta tramitación de un proyecto de ley ingresado en 2011 que fijaría sus atribuciones, necesarias hoy como autoridades electas, al que la Presidenta ingresó indicaciones a mediados de enero. Pero, fuera de esta discusión, hoy también se encuentran en medio de otras disyuntivas, las que han pretendido resolver por medio de una medida: la exclusividad del cargo.
Hoy los consejeros no son considerados funcionarios públicos. Según lo indica el artículo 35 de la Ley orgánica constitucional de gobiernos y administración regional, "a los consejeros no les serán aplicables las normas que rigen para los funcionarios públicos, salvo en materia de probidad administrativa y responsabilidad civil y penal".
Esta norma, entre otras cosas, da espacio para situaciones que si bien no son ilegales, sí provocan suspicacias éticas. Esto, ya que los consejeros pueden emplearse en compañías privadas o servicios públicos, siempre y cuando no incurran en las inhabilidades que indica el cuerpo legal.
Es así que en los 22 años de funcionamiento del Core se han producido situaciones donde empresas de consejeros postulan a licitaciones con recursos que ellos mismos aprueban (Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fndr) o financian proyectos de instituciones públicas donde ellos mismos trabajan.
CASOS
Está el caso del presidente del Consejo Regional, Eduardo Muñoz (DC), quien trabaja en el municipio de Concepción, dirigido por Álvaro Ortiz, y que hasta el año pasado caía en un conflicto de interés por participar del equipo que evaluaba las licitaciones municipales, muchas de ellas financiadas con recursos del Fndr.
Desde su elección hasta 2014, Muñoz formó parte de este equipo; luego de un tiempo y según lo aseguró, decidió restarse para evitar conflictos de interés. "Dije mejor no participar más porque podría generar suspicacia, aún siendo legal. Fue acogido así, sin haber investigación, sino de mutuo propio", explicó. Aclaró también que en caso de que las licitaciones fueran financiadas con el Fndr, él era reemplazado en la evaluación. E incluso, cada vez que en el Core se votaba un proyecto emanado desde la municipalidad penquista, él se inhabilitaba.
Una medida no obligatoria según la legislación actual, pero éticamente correcta. "Las leyes no son tan específicas y dejan elementos para la interpretación. Uno prefiere actuar sobre seguro y ante la duda mejor inhabilitarse, aún cuando a lo mejor no es necesario", comentó Muñoz.
Otro caso involucró al ex consejero DC, Óscar Ferrel, cuestionado porque su empresa constructora (Construcciones Cosmito) se adjudicó la reparación de la ruta desde Las Trancas a las Termas de Chillán, contrato por más de $3.400 millones, lo que se dio a conocer en enero de 2013. En aquel momento, Ferrel dijo que no tenía posibilidad de saber si su empresa se adjudicaría el proyecto al momento de financiarlo. Tal como lo recuerda Muñoz, "el no llamaba a concurso, lo hacía un municipio y él participaba como un postulante más. Se le cuestionaba, y a lo mejor era feo, que se aprobara recursos y se le adjudicara. Pero esa adjudicación no la ve el Consejo Regional".
Por otro lado, dentro del Core son varios los miembros que desempeñan labores en servicios públicos, los que a través de convenios o transferencias también reciben fondos regionales. Hernán Álvarez (DC) es actualmente director de educación provincial en Ñuble y Cristian Quiroz (MAS) fue jefe de gabinete de la misma provincia entre abril y diciembre de 2014, cuando presentó su renuncia por motivos personales. Patricio Badilla (RN) se desempeñó como asesor en el Servicio de Salud Biobío apoyando la planificación estratégica del organismo; Dimitri Riquelme (PS) hizo lo propio en el Servicio de Salud Talcahuano; y Jaime Vásquez (UDI) se desempeña como asesor comunicacional en el Servicio de Salud Concepción.
SOLUCIÓN
Al igual que los actores políticos, la necesidad de la exclusividad también la planteó el analista político y académico de la Universidad del Desarrollo, Erwin Eschmann.
"Si hoy estamos hablando de conflictos de interés, tenemos que preocuparnos de dos barreras: lo público y lo privado, por ejemplo participación en ciertas empresas que tengan contratos con el Gobierno Regional; y barreras entre lo público y público, porque los consejeros regionales además de tener incidencia en estos servicios deben considerar que el proyecto de ley viene con la necesidad de acelerar y profundizar convenios de programación, y posibilita que distintos servicios se incorporen a convenios. Así, pueden existir distintos órganos donde el Core va a decidir la plata", explicó.
"Imagine que en esos convenios vaya un municipio donde un consejero trabaje, claramente va a haber un conflicto de intereses, un conflicto entre lo público y lo público con la asignación de recursos del Fndr", agregó.
Los consejeros también han avanzado en esto y presentaron una serie de propuestas, a modo de modificación a las indicaciones entregadas por Michelle Bachelet. Entre ellas, según lo que comentó el presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (Ancore), Marcelo Carrasco, se pide que los consejeros mantengan sus facultades actuales y tengan dedicación preferente.
"Actualmente pueden realizar actividades en el ámbito privado, tanto en el sector público como privado asistiendo sólo a comisiones. Lo anterior impedirá que desempeñen funciones en municipios o servicios públicos, por ejemplo", señala el documento.
A la vez, explicó Carrasco, en la última reunión de Ancore , realizada el 17 de abril, se tomó la decisión de que todas las regiones formaran una comisión de ética, que podría ver situaciones de conflicto de intereses. Hasta este momento, sólo la Región Metropolitana y del Biobío han avanzado en este sentido. Dicha comisión en la Región estaría conformándose y fijando sus reglamentos durante los primeros días de este mes.
Por otro lado, la comisión asesora presidencial anticorrupción, o comisión Engel, también consideró mayores inhabilidades entre sus propuestas, planteando que "consejeros regionales no podrán ser contratados en los municipios de su región" y que "no podrán desempeñarse como asesores parlamentarios". Aunque está considerado en el informe, aún no existe fecha de cuándo se discutirá esta medida.