Elecciones anticipadas: ¿camino para recuperar credibilidad?
Algunos sectores de la clase política proponen convocar a elecciones parlamentarias anticipadas argumentando que permitiría salir de la crisis de credibilidad que afecta a la clase política a raíz de las irregularidades de conocimiento público.
Chile es una República democrática, con un sistema presidencialista, donde el Presidente de la República es titular de amplias atribuciones. En su doble rol de jefe de Estado y jefe de Gobierno, ejerce las funciones de gobierno y administración y con un desequilibrio de atribuciones en favor del primer mandatario.
Chile carece de elementos propios de un régimen parlamentario, en que el Presidente de la República o el Primer Ministro puede disolver el parlamento y a su vez el órgano legislativo puede remover a los ministros de Estado con los votos de censura o rechazo de las mociones de confianza.
La propuesta de elección anticipada estaba regulada en el texto constitucional original de 1980, en que se facultaba al Presidente de la República para disolver la Cámara de Diputados, atribución que fue derogada en el año 1989.
Cabe preguntarse si convocar a elecciones anticipadas es el remedio para recuperar la credibilidad de la ciudadanía. Todos somos conscientes del malestar ciudadano hacia la actividad política, el papel de los actores y los partidos políticos. Ello se ha traducido en la escasa participación en el proceso eleccionario, lo que determina la deslegitimidad del sistema democrático. Podemos afirmar que no hay congruencia entre el papel de los actores políticos con la calidad de la democracia.
Es necesario realizar cambios integrales al sistema político, incentivando la participación ciudadana no sólo en las elecciones (sufragio obligatorio e inscripción automática) también en la iniciativa popular en materia de plebiscitos frente a temas de interés general, en el sistema de financiamiento público o público-privado en materia electoral.
Todo lo anterior aumentaría la participación ciudadana y actuaría, al mismo tiempo, como un mecanismo de control frente a la acción de los gobernantes. De igual modo significaría un aporte a la transparencia de la función pública y con ello se tendría a un desarrollo integral del proceso democrático.