"Esta lucha es hasta las últimas consecuencias y eso el gobierno lo sabe, por eso está preocupado y nos presiona para que nos bajemos", dice Juan Villarroel, uno de los voceros de los ex presos políticos que se encuentran en huelga de hambre en la Catedral de Concepción y que este sábado cumplieron 10 días de manifestación.

Se trata de una demanda a nivel nacional que está centrada en dos puntos: igualar las pensiones entregadas por las comisiones Valech y Rettig, y mejorar el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (Prais).

Durante esta semana y media de movilización, los acercamientos con el gobierno han sido casi nulos. Por una parte, los huelguistas denuncian que la Gobernación de Concepción interpuso un recurso de protección "para que nos bajemos de la huelga, porque según ellos estábamos en tan malas condiciones físicas que ya no nos sosteníamos en pie y estábamos a punto de morir", dice Villarroel.

El dirigente desmiente esta situación al asegurar que personal del Prais los monitorea dos veces al día, les toma la presión y les entregan líquido para evitar la deshidratación.

Han recibido la visita del concejal Álex Iturra, de Lautaro Benítez (de la gobernación) y de la gobernadora de Concepción, Andrea Muñoz, todos para persuadirlos a dejar la huelga de hambre, considerando los riesgos de la salud a los que se enfrentan por ser personas mayores de 60 años.

Pero el vocero es claro en decir que "si están tan preocupados por nuestra salud, que se preocupen de la salud de todos los chilenos que estamos en huelga de hambre y que comiencen a trabajar en la mesa tripartita que el gobierno se comprometió a formar para buscar la solución".

ACUERDOS

Otra de las molestias surgidas entre los huelguistas radica en que se han tenido acercamientos con grupos de Derechos Humanos en Santiago que no los representan, por lo que "con ellos se pueden tomar 20, 30,40 acuerdos y no van a ser válidos para nosotros y seguiremos en huelga", explica el vocero.

Acusa que dichas organizaciones tienen un nombre, pero no bases a quienes representar. Quienes los lideran a ellos son la agrupación que está en Rancagua y con quienes las autoridades no se han sentado a conversar.

El ofrecimiento del gobierno "raya en lo ridículo y es totalmente cuestionable que quieran levantar esta huelga ofreciéndonos $500 mil para quienes tienen entre 60 y 65 años, $1 millón entre 65 y 70 años, y $1 millón 500 mil para los que tienen sobre 75 años y que son los menos. Esto es un bono de término de conflicto y aquí no hay una negociación entre un sindicato y una empresa, aquí estamos necesitando reparaciones", puntualiza Villarroel.

Agrega que acá no pueden existir ex presos políticos de primera o segunda categoría (por el contraste en las pensiones), por eso no quiso hablar de la diferencia de montos que hay entre los dos tipos de reparaciones.

Con respecto a una radicalización de las demandas, explicaron que en Rancagua, donde llevan 21 días de huelga, ya no están aceptando que les realicen un control médico, pese a que entre los movilizados hay personas de hasta 92 años. "Necesitamos que se nos repare, estas propuestas hace más de un año y medio que las maneja el gobierno, donde se ha revisado la factibilidad y se han aunado criterios", aclara el vocero de los huelguistas.

Es por eso que mientras no haya un real acercamiento, la huelga de hambre continuará al interior de la Catedral penquista.