Conflictos de interés
La Presidenta Michelle Bachelet presentó hace unos días el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y la corrupción, en una ceremonia entre quienes estaban miembros del gabinete, parlamentarios y personajes políticos.
La iniciativa tiene como punto de partida la crisis que enfrenta el país en la relación entre la política y los negocios, gatillada por los casos Penta y Caval, y que no sólo han restado credibilidad a la clase política, sino que también impactaron el respaldo al gobierno.
Como manifestó la misma Jefa de Estado, se trata de una situación grave, que lamentablemente se transforma en el punto más visible de una serie de episodios que ha vivido el país. Durante la pasada administración de Piñera, cobró vigencia el llamado 'conflicto de intereses' que podrían tener algunas autoridades, concepto que se extendió hasta los albores del gobierno de la Presidenta Bachelet, y que según algunos casos y versiones, motivó una revisión más exhaustiva de los convocados a participar del gabinete en Santiago y regiones.
La comisión tendrá un plazo de 45 días para entregar propuestas conducentes a un nuevo marco que, a partir de iniciativas que incluirán una reforma constitucional, buscará terminar con episodios como los que ha visto Chile, con sanciones que van como la pérdida de cargos de elección popular cuando se haya llegado a éste con práctica ilegales. Dicha ilegalidades también serán definidas y establecidas en este proceso.
Se destaca el hecho de que el Estado tome decisiones y se haga cargo de un problema cuyo impacto aún no se puede calcular en su totalidad, pero aleja a la ciudadanía común del quehacer político y sus actores. Pero también -quizás de forma ilusa- deja a la reflexión la necesidad que existe hoy de llegar a normar acciones que deberían ser parte de la ética cotidiana.
Debe reconocerse la realidad de país con importantes cruces de poder que, dejados al arbitrio del libre albedrío, han demostrado no estar a la altura y exigencias actuales. El problema de credibilidad que hoy enfrenta el país es más severo de lo que parece. Y lo peor es que su magnitud puede seguir creciendo.