Aportes reservados
La explosión del caso Penta abrió la polémica en torno a los aportes reservados de empresas hacia las candidaturas. En la Cámara de Diputados se presentaron algunas indicaciones para eliminarla de la legislación.
El tema de los aportes privados en las campañas electorales no es nuevo y un gran avance logrado es que esas cantidades sean transparentadas, evitando así desvíos de dinero irregulares o provenientes de actividades ilícitas. La ley Nº 19.884, que regula el proceso, establece un mecanismo que busca asegurar la privacidad de la entrega de dinero, a través de la realización de un depósito en BancoEstado en la cuenta del Servicio Electoral, que a su vez hace llegar los aportes a candidatos o partidos. Si bien éstos reciben las cantidades, los favorecidos ignoran -en teoría- quiénes han hecho los aportes.
No hay que perder de vista que lo que se juzga por estos días en los tribunales es el fraude fiscal perpetrado por Penta y no los aportes reservados a la política, que no son un delito, sino que están regulados por la mencionada ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. El fundamento detrás del mantenimiento del anonimato en estos aportes es que está teóricamente destinado a evitar la 'compra' de favores políticos a cambio de fondos para campaña electorales.
El año pasado se informó que los aportes reservados totalizaron 520 millones de pesos, entregados a las candidaturas con el compromiso, de acuerdo a la ley electoral, que la identidad de la organización o persona contribuyente se mantenga en reserva.
Los cuestionamientos a los aportes reservados provienen del terreno ético. Esta falta de transparencia es cuestionada, puesto que se supone que los candidatos sí saben de dónde provienen los fondos, mientras que la ciudadanía lo ignora. Asimismo, se pone en tela de juicio el hecho de que sea el dinero el recurso más importante para dirimir una contienda electoral, al punto de que se incurre en delito, como al emitir boletas falsas, a cambio de obtener este tipo de donativos.
De cualquier modo, la materia puede ser perfeccionada a través de mecanismos de la normativa electoral que permitan acentuar la transparencia del proceso y los orígenes de esos aportes dentro del patrimonio general de los aportantes. Asimismo, habrá que esperar las sugerencias que hará el Consejo Asesor Contra la Corrupción, designado por la Presidenta de la República.