Confepa ratifica demandas y marchas en el Biobío
Definitivamente la reforma educacional, por más que fuera aprobada el pasado 25 de enero, aún no tiene a todos los actores involucrados contentos y es algo que a corto plazo no se vislumbra pueda cambiar. Tanto las organizaciones que agrupan a los colegios particulares subvencionados, como Conacep, Asepar y RedCol, y las de padres y apoderados, como Confepa y Aspacps, se están preparando a nivel nacional para afrontar una vuelta a clases compleja.
La normativa a la que se oponen es aquella que pone fin al lucro, a la selección en los establecimientos educacionales básicos y al copago. Esto último tiene relación con la subvención escolar y el rechazo a este cambio se debe a que no aceptan, según las agrupaciones, el que no se les permita elegir libremente el modelo educacional que quieren para sus hijos, insistiendo en que la educación municipal no les da garantías de calidad y que producto de esta normativa, muchos de los establecimientos particulares subvencionados donde hoy estudian sus hijos tendrán que cerrar.
CONFEPA ACTIVA
Si bien la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (Confepa) tiene una presencia que algunos sectores oficialistas cuestionan, se ha transformado en la cara visible de los padres y apoderados que luchan por denunciar una mala reforma que para ellos sólo afectaría el futuro de sus hijos.
Según explica Érika Muñoz, presidenta nacional de la organización, las futuras marchas, así como otras acciones, partirán en Santiago, pero llegarán al Biobío, ya que "se replicarán en otras regiones. Partiremos en marzo en Santiago, pero luego serán marchas locales, tal como el año pasado, para las personas que no se puedan traspasar".
Ahora bien, Muñoz señaló también que "los apoderados de la Región ya han mantenido reuniones con parlamentarios", los que en definitiva también "cuestionan la reforma".
Otro punto importante que según la presidenta de la Confepa genera fuerza en el movimiento es la buena comunicación que mantienen con las organizaciones de colegios subvencionados, los que "apoyan nuestras acciones". De ellas, destaca a Conacep en el Biobío, liderada por Daniel Villarroel, quien según manifiesta Muñoz, es "un apoyo bastante grande para nosotros. Siempre se suman a nuestras actividades".
ACCIONES NACIONALES
Como la mayoría de los movimientos, las vacaciones de verano seccionaron las manifestaciones. Pasó con los profesores, estudiantes y con los padres y apoderados. Ante aquello, Érika Muñoz destaca que el Gobierno habría sido "astuto en poner estas fechas, para votar este proyecto para aprobarlo, porque sabían que no tendrían gente en las calles", ya que las vacaciones frenan muchos planes.
Aún así, la dirigenta explicó que están "esperando partir el año para realizar las asambleas con los apoderados, reunirnos con los sostenedores y (comenzar con la generación) de la ofensiva en conjunto".
En tanto, otras de las acciones concretas, tanto a nivel nacional como regional, serían la consulta con abogados (muchos de ellos apoderados), quienes revisan los resquicios legales para determinar si se pondrán recursos de amparo o alguna demanda al Tribunal Constitucional.
Asimismo, destaca el anuncio a los medios del contacto con un abogado experto en Derechos Humanos, quien estaría viendo la factibilidad de una demanda internacional, considerando que se estaría violando, según sostiene Muñoz, "la libertad de los padres a elegir, lo que está registrado en el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos".