Detenciones ciudadanas
La televisión ha mostrado cómo las detenciones ciudadanas ante delitos flagrantes se hacen más frecuentes y a la vez más violentas, al extremo que ya se han presentado casos en que víctimas pasan a transformarse en victimarios.
Las personas atacadas por la delincuencia buscan tomarse la justicia en sus propias manos ante la creciente sensación de impunidad que existe en la población. La Encuesta de Victimización de la Fundación Paz Ciudadana-Adimark revela la persistente alza del porcentaje de hogares en que algún miembro ha sido víctima de robo o intento de robo. Paralelamente, se ha producido un descenso de los niveles de satisfacción de la ciudadanía con la actuación de la fiscalía después de denunciar un delito.
El efecto de la menor credibilidad en el sistema judicial, sumado al incremento en la victimización, ha promovido en la sociedad la creencia de una mayor impunidad de los delincuentes, que éstos son liberados inmediatamente tras cometer sus ilícitos y que no existe sanción judicial.
¿Por qué se llega a esta decisión comunitaria de hacer justicia por cuenta propia? Lamentablemente, por la insatisfacción de la gente con la justicia. Se puede palpar al leer los comentarios en las redes sociales, que la actitud mayoritaria es de respaldo y comprensión a las acciones violentas. Muchos dicen que, ante la posibilidad de que un agresor quede libre o no se le imponga una pena, es mejor que la ciudadanía le dé un castigo.
A primera vista este argumento puede parecer lógico; sin embargo no se debe olvidar que los linchamientos, la destrucción de una casa, las golpizas en la calle, son ilegales, reñidas con todo espíritu cívico y contrarias al respeto de los derechos de las personas. También se olvida que en ese aparente afán de justicia, se atropella a otros, como la familia del imputado y sus cercanos.
Si bien las detenciones ciudadanas están admitidas por la legislación, lo que corresponde es llamar a la policía y entregar al supuesto delincuente, acompañando las pruebas y declaraciones de los afectados y testigos. Pero no está permitido golpearlo y pretender ejercer justicia por cuenta propia. Es necesario, entonces, hacer un llamado a la sensatez. Pero también a que las autoridades políticas y judiciales reaccionen ante las señales que da una comunidad que no se siente adecuadamente protegida por sus instituciones.
Muchos dicen que, ante la posibilidad de que un agresor quede