En estos últimos meses en que se ha discutido sobre la reforma educacional, no cabe duda alguna que el concepto de calidad ha captado importancia como objetivo en todos los estamentos. El gran anhelo es lograrla, ya que de ello depende el éxito de un cambio en el modelo.

Sin embargo, no muchos tiene claridad absoluta sobre el significado de este concepto, por lo menos a lo que educación se refiere. Para los expertos, calidad es un parámetro que va más allá de los indicadores que arrojan las pruebas estandarizadas. La calidad trasciende al puntaje logrado en el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) o en la Prueba Selección Universitaria (PSU).

Claramente, la calidad se evidencia en una sala de clases, donde debe haber estudiantes comprometidos y entusiastas con su proceso de aprendizaje y docentes conscientes de la gran responsabilidad que implica formar a los más jóvenes. La calidad la debemos constatar días a día en establecimientos que otorguen una formación integral e inclusiva.

Se trata de una tarea de largo plazo que implica tener un enfoque libre de egoísmos. Los resultados los veremos en un futuro no tan cercano. Pero si estamos pensando realmente en el bien de Chile, hay que partir ya con modificaciones sustanciales, ya que de esta forma se impulsará un verdadero avance en la calidad de la enseñanza.

Es clave incrementar los estándares en la formación de los futuros profesores. Aumentar el puntaje PSU de las carreras de Educación es un piso para iniciar un proceso de selección que debería incluir otras pruebas que revelen el grado de vocación y las habilidades para trabajar con niños de los postulantes.

Propiciar efectivas alternativas de perfeccionamiento para los profesores es otra de las inquietudes que requieren celeridad, como también la mejora de las condiciones económicas y laborales. En ese sentido disminuir la cantidad de alumnos por aula es un desafío impostergable.

Llegar a ese objetivo de avanzar hacia la calidad significa una ambiciosa inversión de recursos públicos, principalmente cuando el foco no está puesto en los primeros años, que es cuando se pueden hacer cambios sustantivos para el futuro.

Propiciar efectivas alternativas de perfeccionamiento para los

profesores es otra de las inquietudes que requieren celeridad,

como también la mejora de condiciones económicas y laborales.

Durante estas semanas, miles de jóvenes han enfrentado el desafío de elegir la institución donde cursarán sus estudios universitarios. Una decisión difícil si consideramos la amplia cantidad de información a la que tienen acceso la que, de no ser evaluada de manera adecuada, puede confundirlos más.

Además, se debe tener en cuenta que los futuros universitarios están sometidos a altos niveles de presión debido a las expectativas que sus padres y ellos mismos han puesto en su ingreso a la educación superior. En muchos casos se trata de la primera generación que accede a estudios universitarios, paso que obliga a los padres a realizar un esfuerzo económico relevante y compromete el futuro del joven. Factores que obligan a disminuir al máximo la posibilidad de tomar un camino equivocado que los lleve a desertar al primer año.

Cada familia otorgará mayor o menor importancia a determinadas variables como la tradición de la institución, las referencias de profesionales titulados, las actividades de extensión o de vinculación con el medio, entre otros aspectos. Son parámetros que implican, en ocasiones, un elevado grado de subjetividad.

En este contexto, es relevante plantear que nuestro sistema de educación superior cuenta con parámetros objetivos para medir la calidad de la enseñanza que imparten los planteles. Es altamente recomendable que los estudiantes, antes de optar por una u otra casa de estudios, se informen sobre la acreditación institucional y la acreditación de carreras.

La acreditación es un proceso voluntario al que se someten tanto las instituciones autónomas como las carreras y programas de postgrado. A excepción de Medicina y Pedagogía, en el resto de las carreras el proceso no es obligatorio.

La acreditación institucional, además de otorgar la certeza de la calidad de la formación impartida, ofrece a los alumnos la posibilidad de acceder a financiamiento estatal o a recursos que cuentan con garantía fiscal para cubrir sus estudios. Entonces, considerar este factor no resulta irrelevante.

En el caso de las carreras, la acreditación implica la certificación de la calidad de los procesos y resultados, en función de los propósitos declarados. Para una universidad, someter sus programas a la acreditación refleja un compromiso irrebatible con la calidad de la educación que se ofrece y con el futuro de los alumnos que han optado por su proyecto educativo.

En el caso de la USS, hasta ahora, con satisfacción podemos decir que el 86% de la matrícula de pregrado cursa un programa con esta certificación de calidad. Nuestro desafío es lograr que la totalidad de los alumnos estudie en carreras acreditadas.