SNA en alerta por reforma al Código de Aguas
La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) advirtió que algunas de las modificaciones legales que está impulsando el gobierno al Código de Aguas son inconstitucionales y amenazan el derecho de propiedad de los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas.
Así lo advirtieron el presidente del gremio, Patricio Crespo, y el fiscal de la institución, Eduardo Riesco, durante su exposición ante la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados, instancia en la que se tramita el proyecto apoyado por el Ejecutivo.
Crespo explicó que en Chile hay más de 330 mil titulares de derechos consuntivos de aguas, gran parte de ellos, medianos y pequeños agricultores "que dependen para de la certeza jurídica sobre las aguas y la tierra, derechos consagrados y amparados por la Constitución".
Alertó que esa certeza está hoy en entredicho con el artículo 1°| Transitorio que pretende extender a los derechos de aprovechamiento de aguas ya concedidos (antiguos) las limitaciones que se proponen al ejercicio de las futuras concesiones de agua que prevé crear el Ejecutivo, sostuvo. Ello, pese a que la Constitución establece que los derechos concedidos son inmutables, precisó Patricio Crespo, a la salida de su presentación en la Cámara.
"Cuando hablamos que las nuevas concesiones se verán enfrentadas a amplias limitaciones nos referimos a que podrán ser caducadas a los 4 años si éstas no se han usado o a los 12 años si no están siendo bien utilizadas.
El titular de la SNA dijo además, que el proyecto pretende caducar los derechos de aprovechamiento de parcelas Cora no inscritos en el Conservador de Bienes Raíces en un plazo de 6 meses (lo que ocurriría por la derogación del artículo 5° transitorio), pese a que dichos derechos están legalmente otorgados y la propiedad de los mismos está resguardada por la Constitución.
"No se puede privar a los ciudadanos, vía subterfugios, de la propiedad de derechos de aprovechamiento, reconocidos y amparados por la Constitución, con grave afectación de sus patrimonios y la valoración de sus propiedades que garantizan sus créditos de inversión", señaló a los diputados, a quienes enfatizó la dificultad económica que implica para muchos la regularización de derechos que se encuentran ejerciendo legalmente.
Otro punto que abordó Crespo durante su exposición fue el peligro que reviste que las futuras nuevas concesiones sean caducadas y renovadas por la autoridad de turno. "El proyecto entrega amplísimas facultades a la autoridad, tan amplias como que podrá disponer de los derechos constituidos, aduciendo causales tan genéricas como el interés público", subrayó.
El gremio comparte la necesidad de realizar perfeccionamientos a la actual legislación y que, en ese sentido, apoya puntos del proyecto tendientes a asegurar el recurso hídrico para consumo sanitario y resguardo ecológico; facilitar la gestión de las Aguas Potables Rurales, promover el uso eficiente del recurso, fortalecer las facultades fiscalizadoras de la DGA y eliminar vicios que puedan llevar al acaparamiento de derechos, mal uso y especulación.
El timonel concluyó su presentación reforzando "que el agro reclama respeto a sus derechos adquiridos, reconocidos y amparados por la Constitución" y una política de Estad que trascienda los gobiernos y las ideologías elaborada por los poderes públicos, la Academia, los especialistas y las Organizaciones de Usuarios.