Evangélicos y la reforma educacional
El Servicio Evangélico para el Desarrollo (Sepade) es una corporación privada sin fines de lucro con 22 años de experiencia en la administración de establecimientos educacionales subvencionados gratuitos, orientados hacia la población con mayor vulnerabilidad.
Nuestra experiencia nos permite afirmar que si bien el sistema de provisión mixta de educación ha contribuido notablemente a resolver los problemas de cobertura de la enseñanza básica y media que tenía nuestro país, las reglas bajo las cuales opera actualmente no le permitirán responder al desafío mucho más complejo que representa una educación de calidad para todos y todas sus estudiantes, independientemente del capital social que han recibido de sus familias.
Está demostrado que aunque casi la totalidad de los niños y niñas que nacen en Chile tienen asegurado su acceso a la escuela, ello no está contribuyendo significativamente a reducir las abismantes diferencias sociales y culturales que caracterizan a nuestra sociedad. El alto grado de segregación social de nuestro sistema escolar, al que se ha llegado entre otras cosas por prácticas como la selección de estudiantes y el copago, ha convertido a la escuela en una institución que reproduce las diferencias existentes desde la cuna. Reconociendo excepciones notables, lo que en Chile llamamos "colegios de excelencia", son en realidad "colegios de selección"; y la libertad de elegir que defendemos con tanta pasión, es la libertad de los sostenedores educacionales para escoger a los/las estudiantes que están dispuestos a educar.
La reforma educacional propuesta por el actual Gobierno no responde solamente a las demandas expresadas en las movilizaciones estudiantiles de los últimos años, sino a un diagnóstico serio de las falencias de nuestro sistema educacional, refrendado por numerosos estudios de especialistas. Considerando que las entidades jurídicas sin fines de lucro existen precisamente para que los ciudadanos y ciudadanas puedan asociarse con la finalidad de contribuir al bien público, nos parece apropiado que se haga exigible ese tipo figura jurídica para garantizar la vocación primariamente educacional de los sostenedores educacionales privados.
Nos preocupa que algunas de las medidas contenidas en el proyecto original del Gobierno, así como el rechazo en la Cámara de Diputados de algunas de las indicaciones efectuadas posteriormente (lo que revela que todavía se está legislando bajo el supuesto de un sostenedor privado motivado exclusivamente por el lucro), podrían terminar afectando innecesariamente la capacidad de gestión de los sostenedores particulares sin fines de lucro.