'Chile ha sorteado con mejor fortuna las dificultades que impone el Convenio 169'
Mauricio Mondaca L.
Como miembro de la Comisión de DD.HH. y Pueblos Originarios de la Cámara, el diputado de Evópoli Felipe Kast, ex ministro de Planificación del Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, defiende los avances que ha tenido en los últimos años la denominada 'consulta indígena' para diluir la posible paralización de proyectos.
Aunque acepta que pueda tener nuevas modificaciones, Kast defiende la normativa como un avance en la aplicación de estatutos internacionales.
El 27 de junio de 1989, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Un acuerdo que dos décadas después fue ratificado por el Congreso y que desde el 15 de septiembre de 2009 está inscrita en la ley chilena.
La medida, que implica que los Gobiernos asuman la responsabilidad de proteger los derechos y la integridad de estas comunidades, ha sido ampliamente discutida en Chile y comenzó a operar, en la práctica, luego de la publicación del decreto 124 en el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, que según Kast era una norma 'transitoria'.
En noviembre de 2013, ese decreto fue derogado por el anterior Gobierno por los decretos 66 (Consulta Previa) y 40 (Servicio de Evaluación Ambiental), que regulan la consulta indígena en proyectos de inversión públicos y privados.
- Cuando un país se embarca en un Convenio como el 169, significa embarcarse en una serie de medidas para poder llevarlo a la práctica de forma correcta, sin que termine paralizando el desarrollo de los mismos pueblos originarios. El decreto 124 fue la primera implementación del Convenio 169 sobre cómo hacer la consulta. Fue diseñado en un principio para avanzar de forma transitoria. La OIT observó el hecho de que debía se transitoria, por lo había que avanzar hacia un mecanismo más formal, que es lo que se conoce como la consulta de la consulta.
- Creo que uno de los grandes legados del Gobierno del ex Presidente Piñera para el futuro de las políticas indígenas fue haber logrado, en un proceso largo y amplio, con la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el pronunciamiento del relator internacional y del Instituto de Derechos Humanos, el reglamento, que se podría catalogar de un gran avance comparado con lo que teníamos antes. Lo de antes era un decreto completamente fuera de norma y transitorio. Se dio un gran paso en la dirección correcta. Con los decretos 66 y 40, por primera vez tenemos consulta indígena propiamente tal.
- Esas críticas no me hacen sentido, porque si uno lee lo que la misma OIT ha interpretado del reglamento, está muy lejos de esas críticas. Me da mucha tristeza cuando algunos sectores buscan frenar los avances en vez de propiciarlos. Si el reglamento no estuviera a la altura de lo que plantea la OIT ya nos habría hecho observaciones, como lo hizo en cuanto al decreto 124. Y en caso que en el futuro la OIT lo haga, está en manos del Estado de Chile mejorarlo. Es parte de los procesos evolutivos de los procesos sociales.
- El propio Gobierno ya anunció este mes que estaba analizando algunas mejoras a los reglamentos adoptados en el anterior Gobierno
- Estos son procesos dinámicos, lo que no quita que en el futuro se puedan hacer un nuevo reglamento de consulta. Pero claramente se dio un salto muy sustantivo en relación a la situación que teníamos antes, lo que es muy importante tanto para las inversiones como para el respeto a los pueblos originarios. Uno quiere que el país avance y no se frene, y al mismo tiempo que se respeten los convenios internacionales que hemos firmado. Mi opinión es que esto es un gran avance para la política indígena, pero en ningún caso se trata de que sea algo que no podamos conversar nunca más respecto de cómo mejorarlo. El convenio dice que hay que actuar de buena fe, por lo que hay que ver si es que eso se cumple. Hoy se está haciendo la consulta para el nuevo ministerio de Asuntos Indígenas, y afortunadamente con este reglamento, de lo contrario no tendría ninguna validez. El haber aprobado este reglamento nos permite avanzar en materias que de otra forma no se podría avanzar. Insisto que son materias mejorables y no que vayan a estar paralizadas, como se había mantenido ese mecanismo.
- Básicamente hay que recordar que estos son procesos que necesitan un liderazgo político importante. Una de las cosas buenas que tuvo la política indígena en los años anteriores es que se dejó de lado a comunidades que aspiraban a participar de la política de compra de tierras sin jerarquización y saltándose la fila a través de métodos violentos. El otro gran logro fue normalizar y regularizar el proceso de consulta, de forma tal que Chile esté a la vanguardia en el concierto internacional. Hay una cantidad importante de países que cuestionan el Convenio 169, porque se ha transformado en una paralización completa de las inversiones. Creo que Chile ha sorteado con mejor fortuna las dificultades que le impone el Convenio 169, transformándolo en una oportunidad avanzando en esta normativa que es infinitamente superior a la anterior, que es el decreto 124. Uno se debe sentir muy contento de este tremendo avance, sin perjuicio de que en el futuro se pueda avanzar en su perfeccionamiento. Pero esto nos permite avanzar en todo tipo de consultas de proyectos que afecten a los pueblos originarios.
- Afortunadamente no, ya que existe un reglamento vigente. La OIT ha reconocido que la realización de la consulta es uno de los procesos más difíciles que enfrentan los países que han firmado el convenio, y por lo mismo la mesa de consenso que se armó finalmente permite despejar muchas de las dudas y normalizar el proceso de inversiones y desarrollo en sectores donde, desafortunadamente, antes existía incertidumbre. Para quienes quieren invertir la incertidumbre es el peor de los escenarios. Y esto aleja oportunidades de desarrollo importantes.
- Hay heterogeneidad. Hay comunidades que se han comportado de forma muy correcta y propositiva, la gran mayoría. Pero hay algunas que dentro de su estrategia política se han dedicado a boicotear muchos de los procesos que genuinamente quiere impulsar el Estado. Tengo una opinión muy positiva de la mayoría de las comunidades, pero menos positiva de quienes buscan volver a fojas cero criticando todo esfuerzo que pueda hacer el Gobierno de turno. Necesitamos construir grandes acuerdos y trabajar avanzando, pero algunos, muchas veces se empeñan en evitar avances que van en beneficio de los propios pueblos originarios.
- En este sentido me preocupan muchos las declaraciones del intendente de la Región de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, en orden a que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) estaría capturada por dirigentes políticos. No me había tocado ver a una autoridad de ese nivel en La Araucanía hablar de esa forma. Me gustaría menos cuoteo.
'Me da mucha tristeza cuando algunos sectores buscan frenar los avances en vez de
años se demoró el país en adoptar el Convenio 169 sobre Pueblos