Empresas de valores
Se calcula que durante el presente año los asaltos a camiones blindados dedicados al transporte de valores han dejado a los delincuentes un botín de alrededor de 9.800 millones de pesos (17 millones de dólares). Y cada vez se hacen más frecuentes.
Por eso, el gobierno ha decidido adoptar algunas medidas paliativas, como fijar un horario entre las 8 y las 21 horas para las operaciones de las empresas de transporte de valores en todo el país, lo que significa que no podrán seguir trasladando dinero en la noche, como ocurría hasta ahora. Asimismo, se determinó que en la Región Metropolitana, Carabineros custodie la descarga de dinero en algunos sectores que se consideren conflictivos, aunque sólo en forma transitoria, hasta el viernes próximo, cuando las empresas deberán contar con cuatro guardias por camión. Para el Ejecutivo, con ello se busca reforzar la seguridad tras los hechos delictuales recientes.
Las medidas se llevarán a cabo mientras el Gobierno trabaja en un decreto supremo para mejorar la seguridad de esas empresas, que actualmente se rigen por el DS 1.226 del año 2000, por lo que se considera necesaria su actualización. Se considerará el uso de cámaras de alta resolución, implementación de un sistema aleatorio de apertura de bóvedas, sectores especiales para descarga de dinero, el cierre a control remoto de las puertas de los camiones y la presentación de acciones judiciales coordinadas entre los privados y el Ministerio del Interior.
Las autoridades han puesto el acento en la responsabilidad de las empresas de transporte y en los bancos que operan los cajeros, anunciando nuevas regulaciones y multas para ellos. Si bien es cierto que en ambos casos deben aumentar las medidas de seguridad, se está desconociendo que el fenómeno de fondo es la verdadera explosión delictual en el país. Esto no afecta sólo a los bancos y a las empresas de valores, sino al comercio, a las empresas en general y a todos los ciudadanos. Las bandas son cada vez más organizadas y todos saben que en muchos casos el sistema judicial aplica bajas penas, de manera que pronto están de nuevo en las calles.
Hay que considerar que la seguridad y protección de los ciudadanos es función insustituible del Estado y que si bien la autoprotección es importante no se puede soslayar la responsabilidad del aparato estatal, que debe estar en primer lugar.