Prostitución callejera
Los vecinos de Cochrane con Angol dicen que cargan por años con el estigma de ser una especie de central de operaciones del comercio sexual callejero, por lo que han renovado su campaña para lograr que las autoridades pongan más interés en erradicar esa actividad, que también trae aparejados robos, narcotráfico y problemas de salubridad.
La junta de vecinos evalúa incluso acciones judiciales contra el municipio penquista y su alcalde, acusándolos de negligencia al no aplicar la ordenanza del 23 de junio de 2011, que castiga el comercio sexual callejero.
Se recordará que el Concejo Municipal abordó en el 2011 el tema de la prostitución callejera que desde hace años han denunciado los vecinos, en ése y otros sectores. Como consecuencia de ello, se dictó una ordenanza que establece que tanto quienes promuevan como quienes demanden estos servicios en la vía pública arriesgan multas que van desde 0,5 UTM (poco más de 21 mil pesos) hasta la realización de trabajos comunitarios. Sin embargo, los residentes han señalado que la iniciativa no ha dado los resultados esperados, pues esas actividades ilícitas se realizan en forma explícita en las noches, cuando también se generan desmanes.
Las normativas se transforman en letra muerta cuando no son acompañadas de una fiscalización persistente. Pese a que las autoridades señalan que se realizan rondas, los vecinos aseguran que no es así y que por ello sufren el problema cada noche y se deteriora su calidad de vida.
El comercio sexual estuvo regulado en Chile desde septiembre de 1983, cuando operó el decreto 362 del Ministerio de Salud, que reglamentaba las enfermedades de transmisión sexual y que facultaba a las policías para detener a las personas que ejercían esa actividad en las calles, entonces considerada ilegal. Sin embargo, la apertura en el tema sexual llevó a que el 27 de mayo de 2007 se derogara ese reglamento, por lo que hoy la prostitución es una actividad lícita y sólo está prohibida cuando la ejercen menores de edad. El control policial que se hace no tiene que ver con la prostitución en sí, sino con las consecuencias de ello, como el consumo de alcohol y drogas en la calle, la alteración del orden público o la delincuencia.
Este problema de seguridad debería motivar a las autoridades a abordarlo, de manera que se recuperen los espacios públicos que se han perdido o que están deteriorados.
Las normativas se transforman en letra muerta cuando no
son acompañadas de una fiscalización persistente. Es lo que
ocurre en Angol con Cochrane, según denuncian los vecinos.