El último trimestre de 2013 no fue bueno para los dueños de máquinas tragamonedas. Tanto la gobernación de Concepción como la municipalidad penquista le hicieron la guerra a estos empresarios, aumentando la fiscalización y cuestionando la legalidad del negocio.
Este año la situación es distinta. Juan Carlos Ramírez, director de Fiden, agrupación que reúne a estos empresarios, contó que ahora existe disposición de las autoridades para lograr lo que todos tienen: la regulación de la actividad.
Rosario Peña, también directora de Fiden, contó que al trabajo que están realizando con algunos parlamentarios, con quienes elaboraron una propuesta de ley, se suma lo que se puede lograr a nivel local. Por eso ayer estuvieron en la zona y se reunieron durante la tarde con la gobernadora de Concepción, Andrea Muñoz.
Fue una cita larga, que se extendió por casi dos horas, pero que dio buenos frutos. Al menos eso opinaron los representantes nacionales de Fiden. Eso también expresó Cristian Montoya, presidente de Codege, organización local de las tragamonedas y que también se sumó a Fiden.
El principal acuerdo al que se llegó fue que se les incorporará en la mesa de trabajo que organizó la gobernación provincial para tratar el tema, el que ha sido una de las principales preocupaciones de la Cámara de Comercio local.
Los representantes de Fiden destacaron la disposición de Muñoz, quien quedó con varios documentos sobre la actividad que realizan estos empresarios.
Otro de los puntos que querían aclarar era desmitificar la vinculación que se hace con estos establecimientos y la comisión de ilícitos.
Rosario Peña explicó que ellos tienen estadísticas que dan cuenta que en estos locales no se generan más hechos delictuales que en otros locales comerciales. Montoya agregó que sus socios trabajan con un código ético que fija que no se permiten menores de edad, tampoco la venta ni consumo de alcohol.
Además, a quienes desempeñan esta actividad se les exige que tengan sus documentaciones al día, así como el pago de imposiciones de sus trabajadores, los que sólo operan con contrato.
Según datos que maneja Cristian Montoya, sólo en Concepción hay 30 salones, los que concentran unas cuatro mil máquinas y dan trabajo a más de mil personas.
Reiteró que lo que se requiere es una normativa que fije qué se puede hacer y qué no. Juan Carlos Ramírez añadió que su actividad no es ilegal.