Cuotas por género y mediocridad
Los ciudadanos nos hemos ido informando en qué consistirían muchos de los cambios prometidos durante la campaña electoral por el actual gobierno. La reciente aprobación por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de las normas que obligan a los partidos a que haya un mínimo de 40% de candidatos mujeres en futuras elecciones, y la compensación económica no solo a las nuevas parlamentarias sino que también a las que no resulten electas, genera muchas dudas de que si, al igual como con la reforma tributaria, el Senado deberá hacer el trabajo de verdad.
Ya poner una cuota mínima de participación (sea de mujeres u hombres, de jóvenes o adultos, de mapuches o hijos de inmigrantes) siempre tiende a solidarizar con la mediocridad y atenta contra los principios más básicos de una correcta asignación de recursos. ¿Qué pasaría si se obliga a las universidades a que en cada carrera un 40% del alumnado sea de un determinado sexo, aun a costa de que el último en entrar tenga mucha menos calificación de varios que quedarían excluidos por ser de sexo contrario? Y si reprueba ¿la universidad deberá devolverle parte de los aranceles pagados?
Ya la Presidenta se dio cuenta de que dar igualdad de participación no es lo mismo que dar igualdad de oportunidad, cuando decidió no nominar a sus ministros por género.
Otra duda se genera porque la solución la encuentre la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en los estímulos monetarios. ¿No es reconocer que las personas se mueven por el dinero? ¿Que la iniciativa privada, entonces, es legítima que se motive a asumir riesgos para alcanzar mejores recompensas económicas que le permitan tener la libertad de elegir y no depender de otros o del mismo Estado?
¿Por qué les es tan fácil asignar recursos, que ellos no generan, a seguir beneficiando a la clase política? ¿Quién asegura que 'por equidad' más adelante no fijen lo mismo para los candidatos varones que sean derrotados? Las prebendas que ellos mismos se han asignado con los impuestos de los chilenos que trabajan, harán dudar incluso de las buenas intenciones de futuras propuestas.
El país no solo requiere buenos legisladores, sino de que legislen bien. Nadie duda que históricamente la sociedad limitó equivocadamente el rol y participación de la mujer ni que se deba legislar para subsanarlo. Chile ha visto su incorporación con buenos ojos en las más diversas áreas donde han destacado, más porque ellas se lo han ganado que porque se los han regalado.
Dar garantías solo por el sexo, religión, color de la piel o estatura es, faltar el respeto a esas minorías. Los legisladores deberían estudiar cambios estructurales que partan de la base (familia y educación) para generar igualdad de oportunidades para que el país tenga siempre en cada cargo al más calificado para contribuir al desarrollo del país y bienestar de su población.
Esperemos que en el Senado enriquezca la discusión con la calma necesaria para que el tema no se reduzca al cuoteo, que sin merecimiento siempre ha fracasado, sino para que mejore la igualdad de oportunidades de las mujeres y otras minorías.