A los que vivimos en regiones -a algunos, al menos- la consigna de "más Estado" hace que se nos venga a la cabeza la idea de "más Santiago". Todos parecen estar de acuerdo en que la descentralización es algo bueno, pero son menos los que sabrían decir por qué. Al fin y al cabo, parece conveniente que todos nos vayamos a Santiago (esa es la tendencia, en todo caso) y arrendásemos el resto del país un buen inquilino. A veces, da la impresión de que la descentralización es más un asunto de mejorar la vida de los santiaguinos (tantos autos en las calles, tanta gente en el metro, tanto que esperar para salir los fines de semana largos...) que del desarrollo de las regiones.

Pero por cómodo que fuese reducir el país a Santiago (qué eficientes las economías de escala, qué simples las campañas y promesas electorales en un espacio tan reducido, qué fácil gobernar un país tan centralizado desde un Poder Ejecutivo tan poderoso), la descentralización es necesaria. Para ilustrar esto, un ejemplo.

Hace poco que una de las instituciones donde trabajo construyó un nuevo edificio. Ganó un premio por ser un aporte arquitectónico a la ciudad (parece que el secreto está en el hormigón a la vista), pero muchas salas tenían un pequeño defecto: las ventanas no podían abrirse. Cualquiera sabe que después de una hora haciendo clases con una veintena de alumnos o más, hay que renovar el aire. No es que los arquitectos no lo hubieran pensado; la decisión quedó en manos del poder central. Una unidad de aire acondicionado renovaría el aire y regularía la temperatura según fuese necesario, sin la intervención de la población local. Por supuesto que la central de aire acondicionado no podía saber si una sala en particular necesitaba más aire fresco que otra (por tener más alumnos o más tiempo de clases) o mayor temperatura. Además, como el que toma una mala decisión desde una central no sufre los efectos de ésta, es frecuente que el poder central sea poco eficiente o poco involucrado.

Aun bajo circunstancias adversas no se puede caer en la pasividad; el aire fresco en una sala de clases es una necesidad vital. Donde el control centralizado cierra una ventana, el profesor y los alumnos abren la puerta. Solución sub-óptima: desde los pasillos llega ruido, y en un sistema de ventilación pensado para ser controlado centralmente las puertas se cierran automáticamente. Mantenerlas abiertas requiere de un esfuerzo adicional. La silla o el basurero sirven de tope o cuña, con el consecuente deterioro de puertas y basureros. Un pequeño error al comienzo empieza a tener repercusiones insospechadas.

Mucho de esto podría evitarse, pero es muy difícil que el que tiene poder, el gobierno en Santiago, lo ceda, y en el intertanto, las regiones se han acostumbrado a recibirlo todo de la capital porque no todos los problemas son tan sencillos como ventilar una sala de clases en un moderno y premiado edificio.

Por lo general lo que las personas exigen es claridad, saber cuál será su futuro en determinadas materias y prepararse para ello. No ha sucedido así con el sistema privado de salud, al que se acusa de actuar unilateralmente al subir los precios de sus planes sin consulta al afiliado, más allá de ofrecer un plan menor o, simplemente, retirarse del sistema.

En nuestra Región del Bío Bío son miles de personas las que recurren a los tribunales para impedir las alzas y hasta ahora las isapres han sido impelidas a conservar los precios, transformando al sistema en una gigantesca judicialización -siempre creciente y a gran ritmo- cuyo costo estas entidades cargan a los usuarios.

Ahora hay un serio intento por normar estas actitudes y la Presidenta informó respecto de la comisión asesora que evaluará el sistema privado de salud y además entregará un listado de medidas para mejorarlo.

Técnicamente se ha adelantado que las materias de análisis son la discriminación por riesgo; controlar las alzas de precios y su variabilidad; regular planes en cuanto a beneficios y copagos; y generar una propuesta que considere una mirada global del financiamiento del aseguramiento y de los prestadores.

Casi tres millones de personas están afiliadas a las distintas isapres y exigen reglas claras tras muchos años con problemas urgentes de resolver. Uno de ellos es la situación producida al pensionarse los afiliados, los que se ven obligados a abandonar su isapre y afiliarse a Fonasa, donde sólo cancelarán el 7 por ciento de su renta con el tope máximo descontable en UF. En una isapre, en cambio, quien desee un plan de mayor cobertura debe negociar por sobre ese límite.

El Ministerio de Justicia adelantó que el objetivo de la futura normativa es procurar equidad entre los intereses de los afiliados y las isapres, aclarando situaciones que, incluso en opinión del Tribunal Constitucional, serían inconstitucionales, pese a lo cual han regido invariablemente durante muchos años.

Un desafío tremendo y urgente.