El acento en la calidad
Diversas reacciones han generado los planteamientos del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, respecto de los cambios al sistema de educación superior que impulsará el gobierno.
Si bien aún no existe claridad sobre las reformas, sí sabemos que la administración priorizará la entrega de recursos a las universidades estatales en desmedro de las casas de estudios superiores privadas en general. Con este enfoque se desconoce el significativo aporte al desarrollo que han realizado las distintas universidades privadas y se confunde el camino al establecer que se privilegiará la propiedad de los planteles por sobre sus niveles de excelencia y aporte social.
Cualquier cambio que se introduzca debe partir de la base de que tenemos un sistema de provisión mixto y enfocarse en los actuales y futuros alumnos. Ellos, al elegir la institución donde se formarán, consideran diversos factores como calidad de los programas, referencias de conocidos, prestigio de la institución, formación extracurricular que ofrezca y becas y apoyos que les otorgan, entre otras variables. Difícilmente un estudiante tomará en cuenta la propiedad de la institución antes de matricularse. El gobierno, al privilegiar las universidades estatales, estaría discriminando a los alumnos del resto del sistema. La misma discriminación sufrirían los académicos de las instituciones privadas que tendrían menor acceso a fuentes de financiamiento para investigación. No parece que sea la senda adecuada para lograr una esperada reforma que de verdad mejore el sistema de educación superior.
El ministro dijo que no se entregarán recursos fiscales a universidades que otorguen "títulos de baquelita". Si bien se podría criticar la forma de plantearlo, es indiscutible que la calidad debe estar en el centro del debate y del programa de reformas. Pero la calidad debe medirse en todas las instituciones por igual sin distinciones de propiedad, ubicación geográfica, cantidad de alumnos o antigüedad.
Aunque contamos con una institucionalidad que requiere perfeccionarse, el sistema tiene hoy herramientas para medir la calidad. La acreditación institucional y la acreditación de carreras son parámetros objetivos que, mientras no se modifiquen, sirven para evaluar la calidad. Asimismo, la tasa de deserción, la cantidad de años promedio que demoran los alumnos en titularse y la empleabilidad son variables que se deben considerar.
Ahora queda esperar conocer en concreto las reformas que el gobierno pretende introducir, las que podremos evaluar una vez que se presenten los proyectos de ley y así se acabe con la actual incertidumbre que afecta a todas las instituciones por igual y sin distinciones.