Según cálculos de la consultora Econsult, las bencinas anotarían un alza promedio de $11 este jueves, lo que de suceder implicaría la sexta semana consecutiva de subidas por parte de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

Las estimaciones consideraron que el precio internacional de la gasolina de 93 octanos subió un 0,3%, mientras que la de 97 octanos subió 1,6%. El diésel, en tanto, subió 0,5% en su valor internacional.

La Empresa Nacional del Petróleo ha señalado que el aumento obedece a las alzas que ha tenido el producto en la Costa del Golfo de EE.UU., que utiliza como referencia; a ello se agrega la constante alza en el precio del dólar, de modo que se avizora un futuro bastante complejo.

En las últimas cuatro semanas los aumentos alcanzan a los 40 pesos por litro y las alzas seguirán. Esta situación lleva a que en el mundo de la locomoción colectiva se hable -no oficialmente- de probables aumentos en los pasajes durante el mes venidero.

Chile importa cerca del 95% del combustible que consume y Enap fija semanalmente un rango de precios, tomando en cuenta factores como su valor en el exterior y las oscilaciones del dólar.

De hecho la moneda norteamericana seguirá subiendo.

Pero resulta claro que lo que pagan los conductores resulta desmedido.

La cuestión de fondo es que alrededor de la mitad del precio de las gasolinas corresponde a impuestos, donde una fuerte incidencia la tiene el tributo específico, que nació en 1985, con carácter temporal, cuando el gobierno de la época requería recursos para que el Estado renovara las carreteras y los puentes que fueron destruidos por un terremoto en la zona central. Como suele suceder en el tema tributario, esos impuestos quedan después como definitivos.

Las coaliciones políticas que han aspirado al gobierno suelen reclamar contra ese tributo, recalcando que el vehículo dejó de ser un lujo y se transformó en una necesidad. Sin embargo, al llegar al gobierno olvidan sus promesas y una vez en el poder se resisten a renunciar a la recaudación tributaria, porque es rentable castigar a la clase media, que no se organiza ni sale a protestar.

Los paliativos que se han adoptado como mecanismos de estabilización de precios han resultado insuficientes, porque no resuelven el problema de fondo.

Los líderes estudiantiles han sido implacables en su exigencia de educación universitaria gratuita. El caso Peirano (subsecretaria designada y luego renunciada) sigue haciendo olas, y eso que el nuevo gobierno todavía no asume.

La respuesta a esta exigencia suele ser que sería injusto dar educación gratuita a quienes pueden pagarla. Parece razonable, pero los estudiantes no transigen. Hay asuntos que son de todo o nada. Saben bien que por dejar un resquicio abierto se les pueden meter variables indeseadas. Eso también lo sabemos quienes defendemos otros bienes. Como objeción, es bastante débil, puesto que los impuestos de los que tienen más financiarían los estudios de todos. Es decir, los más acaudalados tendrían que pagar su educación y la de los que tienen menos.

Se podría responder que, si bien la sociedad entera se beneficia cuando uno de sus miembros se educa, el principal beneficiado es el que recibe la educación, sobre todo en Chile, donde la educación está casi completamente orientada a la práctica de una profesión. Sería justo que el principal beneficiado se hiciera cargo del costo. Además, dado que muchos jóvenes no llegan a la universidad, aquellos que acceden a la educación superior son privilegiados y la gratuidad sería acumular un privilegio sobre otro.

Pero el asunto va más allá. Se trata de si la educación es un derecho y cómo debe garantizarse. El lenguaje de los derechos es atractivo, pero los derechos tienen un fundamento y eso nos obliga a superar la consigna. Si la educación es un derecho, es distinto al derecho a la integridad física, por poner un ejemplo. Uno tiene derecho a pedirle a otro que respete la integridad de uno; para eso, el otro simplemente tiene que abstenerse de hacer algo.

Es legítimo preguntarse si uno tiene derecho a pedirle a otro que le entregue educación a uno. También puede uno preguntarse si la educación es algo que se le puede pedir a cualquiera. Pero no se debe olvidar que el ser humano vive gracias a su intelecto y no a sus instintos y el intelecto requiere de educación. Negarle a una persona el desarrollo de su inteligencia es como negarle la comida para el cuerpo. Sin embargo, tal como algunas personas son directamente responsables de mantener la vida corporal de otras, lo mismo ocurre con la vida intelectual.

La cosa se complica más. Cierto que la educación es un derecho, porque el ser humano la necesita para ser plenamente humano, pero de ahí no se sigue que un tipo determinado de instrucción sea un derecho, o que ir a la universidad también lo sea, y que la sociedad entera tenga el deber de entregarlo.

Por último viene la parte práctica. ¿Podría el Estado poner un puntaje mínimo de ingreso a la universidad gratuita? ¿Qué pasaría si ese puntaje fuese tan alto, que sólo unos pocos lo alcanzaran? ¿Podría el Estado poner condiciones para la permanencia de un alumno en la universidad? ¿Puede decirse que la educación sea un derecho universal, considerando esto? ¿Qué pasa si el alumno educado gratuitamente no encuentra trabajo, o decide trabajar en otro país (como de hecho ocurre)? En fin, mientras no se llegue más allá de la consigna, no puede esperarse mucho avance.