Pedirán que Contraloría investigue ilegalidad
Desde la oposición aseguran que aunque el intendente Víctor Lobos haya desvinculado a su sobrino igual se cometió una falta.
Algunos personeros dijeron que no trabajarán por el partido en adelante y otros, que los candidatos no son las mejores propuestas.
Inesperadas consecuencias traería al Gobierno Regional la contratación en julio de un sobrino del intendente Víctor Lobos como asesor del Programa de Edificación Rural. Lo anterior, a pesar de que el mismo máximo jefe político del Bío Bío admitió el martes el error y ordenó la desvinculación de su sobrino.
Todo porque desde la oposición aseguraron que esa acción no es suficiente y buscarán alternativas para que se determinen las responsabilidades respectivas, tanto administrativas a nivel de Contraloría y, si es sustentable, no se descarta solicitar que la Fiscalía investigue el hecho.
Nuevamente fue Felipe Lara, vocero local del comando de Michelle Bachelet, quien precisó que el intendente Víctor Lobos no habría respetado la legalidad administrativa imperante, aunque él no hubiese sido quien directamente contrató a Jorge Rojas Lobos.
"Nosotros, como comando, creemos que están todos los antecedentes sobre la mesa, respecto a la actuación irregular del intendente Lobos al contratar a su sobrino. El intendente públicamente ha reconocido desconocer la legislación vigente y nosotros, por medio de nuestro equipo jurídico, acudiremos a Contraloría el lunes", destacó Lara.
El mismo dirigente agregó que "aquí existe una irregularidad en la administración pública y lo mínimo que podría ocurrir es llevar los antecedentes al órgano contralor para que se pronuncie sobre esto. Pero, también podría ocurrir que este caso llegue hasta Fiscalía".
Asimismo, el vocero local de oposición destacó que, por parte del comando, este tema sólo quedará en manos de los asesores jurídicos.
En materia de las consecuencias legales que podría tener este caso de posible nepotismo en el gobierno regional, el abogado Enrique Hernández aseguró que "para poder hablar de una ilegalidad se requiere el pronunciamiento de la autoridad competente, en este caso la Contraloría General de la República. Sin todos los antecedentes del caso, es difícil afirmar que existe una irregularidad o una falta a la probidad, aunque la velocidad de la decisión de desvincular al funcionario resulta llamativa y, seguramente, cuando la autoridad investigue el tema seguramente va a considerar tanto el ingreso como la salida del afectado y todos los elementos que se tuvieron a la vista para ambas circunstancias".
Asimismo, Hernández, en relación a si este acto podría llevar a la destitución del intendente Lobos, indicó que "todo funcionario público, calidad que por cierto ostenta el señor intendente, puede ser objeto de una investigación sumaria o un sumario administrativo. Este último, el sumario administrativo puede llevar a efecto la medida más gravosa, la destitución, o a alguna medida de menor gravedad".
En tal sentido, dentro de las consideradas sanciones si se determinan responsabilidades, junto a la destitución o suspensión del cargo, aparece la censura, que es una amonestación escrita, y una multa, que da cuenta de un descuento al sueldo del funcionario que se responsabiliza del error.
En relación a si es suficiente enmendar el hecho con la desvinculación del familiar, el mismo jurista, que pertenece al Estudio Saenger y Asociados, explicó que "según el principio de probidad administrativa, el castigo o sanción, de existir alguno, debería aplicarse solamente al funcionario de mayor jerarquía más aún si el de menor jerarquía ya está desvinculado del servicio".
Finalmente, respecto a si existe una consecuencia penal, el citado jurista penquista, dijo que "si bien se ha hablado de la posible aplicación del artículo 240 del Código Penal, como abogado no puedo adelantar un juicio sobre el particular sin todos los antecedentes a la vista, añadiendo que para sancionar penalmente un hecho, deben darse todos los requisitos del tipo penal, lo que no es obstáculo para que se denuncien los hechos al Ministerio Público y se inicie la investigación correspondiente".
En el mundo político local continuaron las reacciones en relación a esta tema. Rodrigo Anabalón, secretario regional de Renovación Nacional, destacó que "desde el punto de vista que es ilegal, me parece que una torpeza de los asesores y consideramos que hace bien el intendente en haberlo enmendado prontamente. No estamos en circunstancias para dar espectáculos en situaciones de nepotismo, ni nada por el estilo".
Asimismo, el dirigente regional sumó otra crítica a lo ocurrido: "Aquí, cuando Renovación Nacional ha pedido u ofrecido un nombre de sus filas para integrar el gobierno, se ha dicho que estamos ante una vulgar repartija de la marraqueta, así como lo ha dicho un asesor por ahí. Parece que ser militante de un partido como RN es muy similar a tener lepra, pero ese problema no se da cuando alguien llega como familiar de otro".
En tanto, Rodrigo Daroch, presidente regional del PPD, indicó en relación al mismo tema que "las verdaderas preocupaciones del comando de la Nueva Mayoría sin duda debieran estar en otras cosas. Despliegue territorial, propaganda, doblaje parlamentarios, ganar en primera vuelta, pero sin duda el error del intendente viene a demostrar la inexperiencia y errores".