Hace cuatro años atrás, el abogado penquista Pedro Enríquez Barra (78), torturado y preso político hace 40 años y exiliado como ex secretario regional del MIR, concurrió a un careo ante el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana. Fue citado para entregar su testimonio en una causa donde se investigaba la desaparición y el asesinato del dirigente sindical porteño Rudy Cárcamo, en el año 1974.
Pero, ¿qué tenía que ver este abogado con los hechos delictuales que se imputaban a cinco miembros de la Marina? La respuesta la entrega el mismo jurista, quien aseguró que no tuvo otro fundamento que aportar a la verdad y, de alguna manera, cooperar para que uno de los procesados en el caso, el capitán en retiro de la Armada, José Cáceres, fuera responsabilizado por lo ocurrido. De paso, también, ayudar a que uno de los responsables de los apremios ilegítimos que él recibió durante esa época fuera encarcelado.
Enríquez aseguró que sólo constató la situación que él, en ese entonces, subteniente Cáceres, estaba en funciones durante el periodo en que el citado dirigente sindical fue secuestrado y mantenido preso al interior del Fuerte Borgoño en la Base Naval de Talcahuano. Situación que el ex integrante de la Marina negaba, pero que el abogado penquista sabía que no era cierto.
"Este sujeto era subteniente cuando me someten a tortura en el Borgoño. Dirigía todas las operaciones al interior del lugar. Se alternaban, pero a mí me tocó con él. Cáceres había señalado que justo en ese periodo se casó y había pedido permiso a la Armada para su boda, así aseguraba que no sabía nada de la historia de Cárcamo. Pero no era así, él dirigía las operaciones", destacó el citado profesional.
Tras ser delatado, Enríquez fue detenido el 6 de octubre de 1973, mientras se encontraba oculto en casa de unos amigos en Chiguayante. Determinante para él fue haber sido activista del MIR y haberse hecho cargo, junto a otros dos colegas, de una causa donde defendían una acusación por sedición en que la misma Armada perseguía a una treintena de personas, entre marinos y trabajadores de Asmar .
"Fui conducido por una patrulla militar al ex regimiento Chacabuco y allí se formó un equipo especial para interrogarme de Investigaciones, militares y Carabineros. Luego me llevaron encapuchado a la que es hoy la Primera Comisaría. Ahí comenzó lo más duro", dijo. El abogado narró que en lugar le propinaron diversos golpes y le aplicaron corriente.
"La pregunta siempre era la misma ¿dónde están las armas?, pero no tenía idea donde habían", explica. Tras varios interrogatorios cuenta que lo dejaron encerrado en una pieza, donde estuvo alrededor de siete días sin comer y beber.
Luego de estar bajo vigilancia de Carabineros, aseguró que fue trasladado a dependencias de Investigaciones. "Eso fue un alivio porque los funcionarios me ubicaban por mi trabajo en Tribunales. Me trataron bien, sin ningún apremio aunque igual me interrogaron", destacó.
Ahí permaneció hasta principios de diciembre, cuando de improviso lo trasladan a la Base Naval de Talcahuano. "Fue una canallada porque ya me habían interrogado. No tenían nada más que sacarme y fue sólo para maltratarme. Allí nos desnudaban, pegaban y al final nos ponían en un tarro aceitero lleno de agua y nos sumergían. Nos dejaban hasta que no movíamos los pies. Perdí la cuenta de cuántas veces se produjo y después se hacían los interrogatorios".
Aseguró que también hubo electricidad. "Con un dínamo que activaban con una manivela, a través de un alambre, nos colocaban electricidad en la cabeza y en los testículos. La cabeza parecía una ampolleta y era algo insoportable", destacó Enríquez.
Bajo esa situación, el abogado estuvo hasta el 16 de enero de 1974.
"Junto a 49 personas me enviaron a Chacabuco en el Norte. Era un pueblo salitrero abandonado, que estaba a unos 130 kilómetros de Antofagasta. Allí nos dejaron tranquilos porque estábamos en un campo de concentración".
Luego de ello, y trasladado de nuevo a otro lugar de reclusión, en Puchuncaví, se determinó su exilio en enero de 1975.
-Regresé a Chile en mayo de 1990. Me reincorporé a la vida profesional, con dificultades y súbitamente, cuatro años atrás, conversando con un colega, le pregunté cómo iban las causas de derechos humanos. Me dijo que acababa de someter a proceso a cinco de ellos, pero había uno que apeló ante la Corte de Apelaciones. Este era justamente aquel que había intervenido en mis interrogatorios en el Fuerte Borgoño.
-Sí. Me fui rápidamente a la notaria e hice una declaración con todo lo que me había pasado a mí en el Borgoño y la presentamos juntos con el colega Nelson González, quien era quien llevaba la causa. La Corte confirmó la encargatoria de reo decretada por el ministro Carlos Aldana. Me llamaron a prestar declaración y nuevamente expliqué lo que me había sucedido. Así el ministro ordena un careo con Cáceres. Dijo que nunca me había visto, no me conocía, nunca me había interrogado, no sabía nada de torturas. Era de suponer que diría eso, incluso en mi presencia. Nunca pensé que me encontraría con mi torturador cara a cara.
-No, era una situación negativa y sin mayores aspavientos. Ocurrió que el proceso siguió adelante y que en mi declaración, en el periodo que había estado recluido en el Borgoño, el sistema era que cada cuatro años cambiaban la guardia. De repente, uno de los sujetos que llega a vigilarnos me dice que me conoce. Me señaló que muchas veces concurrió a mi oficina con su padre porque él era cliente de mi hermano. A él lo habían convocado porque había hecho el servicio militar en la Marina y tenía el grado de cabo. Me dijo que los días en que tenía guardia temprano, su mujer le hacía pan y que me traería pan amasado y así fue. Eso le conté al ministro y le dije quien era, incluso con los datos de contacto. Él podía confirmar todo lo que había dicho.
-Las casualidades se siguen dando. En asuntos que yo atendí, relacionados con exonerados políticos, un día llegaron tres personas y uno de ellos me dicen que me conocían porque un familiar de ellos me había visto en el Borgoño. Me dijeron su nombre y les pedí que lo enviaran a hablar conmigo, para reencontrarnos después de treinta años. Él era sólo un peón al interior de esta historia. Luego nos hicimos amigos. Ahí le comenté sobre su declaración y aceptó.
-Claro, a Cáceres y su función. Él actuaba a cara descubierta, porque me da la impresión que nunca se imaginaron que alguna vez tendrían que rendir cuentas. Siguió este proceso adelante, que no era mío sino por el secuestro del dirigente sindical y de pobladores de Talcahuano, Rudy Cárcamo. A él lo detuvieron el año 74 y desapareció. Presté declaración allí. Mientras tanto, siguió el proceso adelante y el ministro Aldana dictó sentencia y les aplicó 541 días con beneficios. Esto llegó a la Corte Suprema, ahí se confirmó la culpabilidad y se les subió la pena a cinco años y un día. Hay cuatro de ellos en Punta Peuco y otro en Puerto Montt. Cáceres está en Punta Peuco. Mi testimonio tal vez no fue determinante pero sí contribuyó a situar el problema, que el Borgoño fue un centro de tortura. A lo mejor fue decisivo, no lo sé, pero dentro del proceso sumamos para que Cáceres y los otros cuatro fueran procesados y condenados por el secuestro y asesinato del dirigente.