Corte posterga decisión por "testigos sin rostro" y abre complejo escenario

El Ejecutivo mantuvo presencia en juicio avalando tesis del Ministerio Público. Asistió abogado de la Gobernación de Arauco.

En acuerdo hasta el próximo viernes, es decir, en espera de la decisión final, quedó la solicitud del Ministerio Público de usar 36 testigos protegidos en el caso del ataque contra el fiscal Mario Elgueta y otros seis delitos contra la propiedad, ocurridos en la Provincia de Arauco, en el denominado conflicto mapuche.

Así lo estableció ayer la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, que escuchó los alegatos de la Defensoría Penal Pública y del fiscal jefe de Talcahuano y principal investigador de estos hechos, Andrés Cruz.

Contra varios pronósticos, los tres magistrados, entre los que se encontraban los ministros de la Segunda Sala, Eliseo Araya y Freddy Vásquez, más una abogado suplente, decidieron esperar por su decisión. Las versiones a favor y en contra de la solicitud fueron oídas y analizadas durante dos horas y media en el principal palacio de justicia de la capital regional.

La posición de la Fiscalía fue avalada por un abogado de la Gobernación de Arauco (el Ejecutivo se hizo parte en la causa) y por la Forestal Mininco, una de las empresas más castigadas con los ilícitos acaecidos en los últimos años.

El tema del gobierno como patrocinante de la causa no es menor y tampoco pueden descartarse modificaciones en tal sentido, teniendo presente las implicancias de tal acción.

La decisión final no es para nada sencilla considerando que esta se enmarca en el proceso de huelga de hambre que desarrollan 34 sujetos, entre ellos dos menores en seis penales del país; y de los cambios en la aplicación de la Ley 18.314, que determina conductas antiterroristas y su penalidad, cuestión que estudia el Gobierno.

El proyecto, cuya definición ya estaría clara en La Moneda, buscaría que los delitos de incendios a propiedades privadas no reciban la tipificación de "terrorista", que aumenta de uno a tres grados su penalidad y sería beneficioso en extremo para los imputados, considerando que el nuevo marco normativo sería retroactivo.

Con tales antecedentes, fuentes del ámbito legislativo no están descartando una salida radical desde el máximo tribunal local. Que no se aceptarán los llamados "testigos sin rostro", a pesar que en 2008 estos sí fueron autorizados, también en una causa relacionada con el pueblo originario.

OSCURIDAD TOTAL

Pero en la actualidad el tópico está cruzado por distintos ámbitos mucho más complejos. Por lo pronto, el ayuno de los comuneros que ya suma 58 días y la serie de tratados internacionales suscritos por Chile, que no aconsejan la aplicación de este tipo de testigos, en especial en casos donde estén involucrados etnias. Aquí, incluso, se encuentran fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sanciones para el Estado de Chile y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Precisamente, ayer Amnistía Internacional pidió al gobierno que la modificación de la ley Antiterrorista y la justicia militar se ajuste a los instrumentos internacionales ratificados por el país.

La organización solicitó la despenalización de la protesta social y el "respeto al principio de igualdad y a la garantía de condiciones y medios procesales equivalentes para todas las partes".

También exigió la no utilización de "testigos sin rostro", y no permitir su contra interrogatorio, además de terminar el juzgamiento de civiles en fueros militares.

Como si fuera poco, debe añadirse el intenso lobby político desplegado durante los últimos días, por parte de distintos parlamentarios, particularmente de centro izquierda, y de la Iglesia Católica, quienes apoyan la demanda de los mapuches detenidos en tanto no sean juzgados por la "Ley antiterrorista".

Con todo aquello, no cabe duda que los juicios son extremos. En el Ministerio Público se insiste que el "debido proceso" no está vulnerado, ya que la identidad de los denominados "testigos protegidos" es conocida por los jueces y los antecedentes (carpetas) han sido estudiadas por la contraparte.

Asimismo, la defensa de los mapuches también puede interrogar a estos sujetos.

Lo complejo para el órgano persecutor es que buena parte de sus pruebas serían muy lesionadas en caso de no aceptarse la solicitud ya rechazada por el Tribunal de Cañete, por ello, en caso de tener un resultado adverso se analizará el fondo del dictamen con el objetivo de apelar ante la Corte Suprema.

No obstante, la posición de la Defensoría Penal Pública es opuesta, cuestión que también avaló la Asociación Nacional de Defensores.

Gonzalo Rodríguez, Álvaro Araya y Francisco Alvarado, presidente, tesorero y secretario de la organización insistieron que el uso de los testigos sin identidad afecta el "debido proceso", considerando que se desconoce su historia, lo que afecta las garantías constitucionales al afectarse el desempeño de la defensa.

Yendo más lejos, el presidente del grupo acusó que muchos "testigos sin rostro", serían "pagados" por el Ministerio Público.

En la misma línea apuntaron que es una exageración aplicar la Ley antiterrorista, considerando que ello se aplica cuando se usa el terror para la destrucción de estado, cuestión que no aplicaría en estos casos, ya que se trata de reivindicaciones de territorios.

"Los ataques o amenazas a fiscales tienen una ley especial, los delitos contra la propiedad tienen una ley común, los incendios tienen penas muy altas, de modo que no hay razones para aplicar la Ley antiterrorista, los mapuches no son terroristas. Y en el caso de los testigos protegidos, si la Corte accede a eso pondrá a Chile al margen del estándar internacional", detalló Rodríguez.

Así las cosas, hasta el viernes se deberá esperar por la decisión y el impacto que tendrá la medida.