
Mediante una declaración pública, el Obispado de San Felipe anunció que apenas el fiscal Benjamín Santibáñez le informó sobre las acusaciones que pesan sobre el presbítero, "como medida cautelar procedió a poner término a su oficio de Administrador parroquial de
Asimismo, comunicó que dio inicio a una investigación canónica, "conforme a los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico de
En esa línea, recalcó que comparte la doctrina establecida por el Vaticano y los obispos de Chile, en cuanto a que "no hay lugar en el sacerdocio ni en la vida religiosa para quienes dañan a los jóvenes".
En el texto difundido este mediodía, el Obispado también expresó un mensaje de apoyo a las víctimas, a sus familiares, a los fieles de la comunidad de Putaendo y de la diócesis en general, "en esta hora de comprensibles cuestionamientos".
"Oramos por ellos y también por la persona acusada, para que Dios les regale la paz que necesitan a fin de contribuir a la justicia y esclarecer la verdad", manifestó.
Según los datos policiales, los hechos ocurrieron en 2002 y 2003 cuando el sacerdote, aprovechando su condición, llevaba a su casa a niñas de unos 13 años que participaban del coro, para abusar sexualmente de ellas.
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