
Concepción, Chile, Domingo 05 de septiembre de 2010
Académicos plantean sus inquietudes.

El pasado viernes, el Presidente Sebastián Piñera anunció que enviará al Parlamento el proyecto de ley que apuntan a modificar la Ley Antiterrorista, que ha sido ampliamente cuestionada por los mapuches que se niegan a ser juzgados bajo ese cuerpo legal.
De a poco, el tema va creando consensos a nivel político y se espera que se modifique alguno de los alcances que tiene la ley.
En los expertos en Derecho, la opinión está dividida.
El abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Ucsc, Fernando Saenger, estima que la legislación ordinaria, como el Código Penal, es suficiente para juzgar los delitos por los cuales están siendo juzgados, como daños e incendio.
"Creo que no se necesita más que eso. Basta con aludir el artículo 9 de la Constitución para que quede clara la gravedad de estos delitos", explicó. Este asegura que "el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos". A su juicio, aplicarla es un error estratégico, "porque los mapuche están encausados por delitos comunes, pero esto no significa que les permita hacer de todo".
Una postura contraria tiene el abogado Remberto Valdés, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Concepción.
En la formalización por el atentado contra el fiscal Mario Elgueta, la ley está bien aplicada, por lo que dice el artículo 2 inciso 3 de la ley Antiterrorista.
"Constituye delito terrorista el atentado en contra de la vida o la integridad corporal del Jefe del Estado o de otra autoridad política, judicial, militar, policial o religiosa, o de personas internacionalmente protegidas, en razón de sus cargos.
Asegura que, al final, la calificación jurídica será atribución del Tribunal Oral en lo Penal a cargo, pero la jurisprudencia es armónica con cómo se está aplicando hoy.
Por eso discrepa con cualquier tipo de modificación que se le quiera hacer a una ley que él considera bien utilizada.
"Quienes sean condenados por un delito terrorista no son presos políticos, sino delincuentes".
Proclive a las modificaciones está el abogado Mario Rojas, profesor de Derecho Procesal en la Universidad del Desarrollo, porque el diseño legislativo actual plantea problemas de precisión en la ley. Aseguró que el mayor problema es que "los tipos penales que contiene son muy amplios y eso la hace peligrosa para la libertad de las personas". Por eso cree que calificar un delito de "terrorista" no debería quedar en manos de los jueces.
A juicio del profesional, el problema es que al quedar al arbitrio de los magistrados, los imputados quedan expuestos a penas altísimas, por lo que debería haber un criterio más objetivo para establecer qué se califica como "terrorista" y qué no.
Otro punto a considerar es la prueba que se necesita para probar que realmente se incurrió en un delito terrorista, por eso aseguró que debe modificarse en esos tres puntos, para evitar que haya injusticias en su aplicación.
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