La compleja trama que enfrenta el gobierno por demanda mapuche

El ayuno que mantienen hace 56 días cinco comuneros mapuches en la cárcel de El Manzano, y otros 32 imputados de varios ataques en otros cinco penales, puede tener consecuencias graves.

En el Ministerio Público no se quieren emitir declaraciones, considerando que el trabajo de varios persecutores involucrados en causas relacionadas con mapuches han terminado motejados y convertidos en blanco de ataques verbales y físicos.

No obstante, existe la convicción de que la aplicación de la Ley Antiterrorista está en estricto acuerdo con los hechos ocurridos. De allí que la decisión que tome el Ejecutivo y, eventualmente, los parlamentarios, respecto a una posible modificación de la llamada "Ley antiterrorista", es observada con cautela y expectación.

Son 34 los mapuches en actual huelga de hambre en seis penales del país. Valdivia, Temuco, Chol Chol (donde hay dos menores), Angol, Lebu y Concepción.

En la capital de Bío Bío son cinco, liderados por Héctor Llaitul. A este se suman Ramón Llanquileo, José Huenuche, Jonathan Huillical y Luis Menares Chanilao, de 25 años, quien está en el estado más delicado.

Ayer, estos imputados -internos en el Módulo 9 de El Manzano- recibieron cerca de 30 visitas, entre familiares y comuneros de varias partes del sur de Chile, incluyendo de la Región de La Araucanía.

Natividad Llanquileo, vocera del grupo, y Pamela Pezoa, esposa de Llaitul, explicaron detalles de una jornada caracterizada por la observación de los ayunantes y la preparación de un acto de apoyo realizado más tarde en el gimnasio La Tortuga de Talcahuano.

En lo concreto, todos siguen decididos a mantener la huelga hasta encontrar una "señal concreta" de parte del Ejecutivo, respecto a la solicitud: que sean juzgados por la justicia y el derecho civil.

COMPLEJIDADES

En el mundo político, la situación parece favorable para la demanda de los comuneros, sin embargo en la Fiscalía es todo lo contrario. La mayoría de los incidentes que se imputan a los detenidos no se condicen con actos delictuales comunes, se ha repetido en cada juicio.

Por ejemplo, el atentado ocurrido en noviembre de 2005 en Ranquilhue, involucró a siete sujetos vestidos con ropa paramilitar y armados, quienes de noche, incendiaron una cabaña perteneciente a empresas Cmpc, donde habitaba una familia de trabajadores.

A continuación atacaron la casa del supervisor de la empresa, en cuyo interior se encontraba el funcionario, su esposa, su hija de diez años, un bebé de tres meses de vida y su suegra.

Los autores encendieron fuego a esta segunda vivienda y efectuaron disparos al aire y contra el inmueble, obligando a continuación a salir a los afectados, quienes fueron sacados al exterior con sus ropas de dormir. Tras ello, los sujetos mataron al perro de la familia con un disparo de escopeta, en presencia de las víctimas, a las que amenazaron para que abandonaran el lugar, después de lo cual quemaron un galpón donde permanecían estacionadas dos camionetas y un automóvil.

El objetivo de acciones como esa, se relaciona precisamente con provocar terror, han apuntado en la Fiscalía. Lo mismo con los ataques incendiarios a camiones en la Ruta 5, o a cabañas de veraneo del sector Lleu Lleu.

El mensaje de estos ilícitos no es el común. Es crear caos y ahuyentar a la población "foránea", lo mismo que a las inversiones, se insiste.

Una pregunta que resulta válida al interior de la persecutoría es que si estos mismos hechos fueran cometidos por "no mapuches", quedaría claro que se trata de acciones derechamente terroristas y no se estaría exigiendo una modificación legal.

Parte del análisis actual da cuenta que la solicitud de no aplicar la Ley Antiterrorista se entiende en que las penas por esa vía son durísimas, no así con la ley civil, que en muchos casos permitiría la salida inmediata de varios acusados.

El discurso se ha sustentado en sacarlos del actual marco legal, sin apuntar a la inocencia de los imputados.

Ayer la vocera del grupo explicó que en efecto, no se ha sostenido la "inocencia" de las imputaciones, sino exclusivamente al "exceso" que significa ser juzgados por una legislación que no corresponde, y, por cierto, más cuando se trata de una "causa justa".

Por eso otra salida buscada sería que el Ministerio Público reformalice a los imputados.

En tanto, la Fiscalía se ha concentrado en particular en cinco casos. Héctor Llaitul, José Huenuche, Ramón Llanquileo, además de Marcos y Juan Carlos Millanao (ver recuadros de arriba).

Curiosamente, desde que ocurrieron las detenciones de los aludidos, los atentados se han reducido a prácticamente cero, dicen en el Ministerio Público.

Pero como el tema ya es político, cualquier decisión es esperable.

El involucramiento presidencial, de parlamentarios y de la Iglesia Católica abrió un escenario donde todo puede pasar.

El lobby actual puede derivar en transformaciones, considerando el riesgo vital de los huelguistas.