
Una demanda por indemnización
de perjuicios en contra del Estado, por la suma de 300 millones de pesos, fue
presentada por la viuda de Mario Ovando Garcés, de 67 años, quien falleció por
asfixia por inmersión en el terremoto y tsunami que afectó a Talcahuano el 27
de febrero.
El senador
Alejandro Navarro, que acompañó a la familia afectada, comentó que la acción
judicial busca que “se repare el daño moral que el Estado ha causado a la
familia, por no haberles advertido que se venía el tsunami, incitándolos a
mantenerse tranquilos en su vivienda y a no salir en busca de un lugar para
protegerse; lo que causó que tanto Ovando y su familia se quedaran en su casa
en Santa Clara, sufriendo los embates de las olas, la hipotermia y el fatal desenlace”.
Agregó que la
demanda se fundamenta en “la responsabilidad que atiende a la falta de servicio
público que no prestó el Estado, a una atención que no se dio, que no funcionó
o si funcionó fue de un modo tardío o deficiente” lo que a juicio de Navarro provocó
la muerte del jefe de la familia.
Por eso el
legislador aludió a la “difusión de información errónea por parte de la
autoridad, por no advertir que el maremoto se podría producir, en medio de la
desolación y el desamparo en el cual se encontraba la ciudadanía. Lo que a
todas luces y desde cualquier ángulo que se lo mire, es una clara falta de servicio,
que incluso desde otras ramas de la sistemática jurídica podría estimarse como
una imprudencia temeraria”.
Respecto al
caso, el legislador que puso a disposición de la familia a su equipo de
abogados, comentó que Ovando, que falleció el 2 de marzo, a las 4:10 horas,
pudo haberse salvado de no ser porque hizo caso a las autoridades que llamaban
a la población a mantener la calma y a mantenerse en sus casas, descartando públicamente
cualquier alerta de tsunami, luego del terremoto 8,8 que afectó a la zona.
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